Santo Domingo.- La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, declarará esta semana ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en calidad de investigada, anunció este lunes el titular de ese despacho, Wilson Camacho.

Camacho informó de que la Pepca abrió una investigación de oficio sobre la declaración jurada de la ministra desde el mismo momento en que se produjo la denuncia ante la opinión pública que llamó la atención sobre su patrimonio.

“El Ministerio Público ha estado dando seguimiento al tema de las declaraciones juradas, ya se trate de funcionarios salientes o funcionarios entrantes, y dentro de esos casos algunos que son omisos. Hemos estado citando a algunos funcionarios para indagar sobre su patrimonio o las razones por las que no han presentado declaración jurada”, dijo Camacho, según un comunicado de la Procuraduría.

La semana pasada, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del Registro de Proveedores del Estado de la ministra Taveras y el inicio de una investigación que determine si sus empresas se han beneficiado de contratos públicos.

Estos anuncios se producen tras la emisión de una entrevista en el programa de la periodista Nuria Piera, que aseguró que varias de sus empresas tienen contratas con entidades públicas.

La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), de la que es gerente administradora y poseedora del 75 % de sus acciones.

El pasado 8 de octubre, la DGCP anunció la suspesión de la consideración de proveedor del Estado a 119 funcionarios, en virtud de la citada Ley, en concreto a 113 alcaldes y regidores, a dos jueces y a otros cuatro funcionarios.

La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.EFE

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