San Salvador- Los conflictos políticos entre órganos de Estado y gobiernos municipales por la entrega de fondos han opacado la atención a la pandemia de la COVID-19 en El Salvador, que se acerca a los 30.000 contagios del SARS-CoV-2.

El país centroamericano vivió este martes uno de los días más álgidos de estos conflictos con manifestaciones y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que el Gobierno se mantiene realizando pruebas en algunos puntos del país.

¿SEGUNDA CAÍDA DE CASOS?

El Salvador registra oficialmente 29.634 casos confirmados de COVID-19 y 869 personas fallecidas en momentos en los que los datos gubernamentales indican una segunda caída abrupta de los contagios.

El 24 de septiembre el país registró 215 casos y el día 25 bajaron hasta los 92, desde esta fecha se han mantenido por debajo de los 100 contagios diarios.

Esta caída es similar, aunque en menor escala, a la registrada en julio pasado, cuando los casos pasaron de 449 a 84 en aproximadamente un mes.

Empero, algunos sectores de la sociedad salvadoreña siguen cuestionando estos datos oficiales, incluido la Asamblea Legislativa, que creó una comisión para investigar supuestos actos irregulares.

Los diputados de esta comisión pidieron el lunes al representante de un hospital privado, el único que realiza la prueba en el país fuera del sistema estatal, que les proporcionen los datos de los test y sus resultados.

Entre mediados y finales de septiembre, el presidente Nayib Bukele ordenó el cierre de tres municipios en el oriente del país por la sospecha de un rebrote, pero estos “cercos sanitarios” fueron levantados después de un par de días.

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LEY SIN ACTUALIZAR

El pasado 22 de septiembre, el Gobierno publicó en el Diario Oficial una ley de atención a la pandemia más de un mes después de que se lo ordenara la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Dicha normativa, que contiene un plan de desescalada, fue rechazada por el mandatario, pero los jueces finalmente ratificaron su legalidad y dieron la razón al Congreso.

No obstante, la misma necesita ser actualizada por el desfase de las fechas de reapertura de la economía, sin que hasta la fecha se conozca alguna iniciativa del Parlamento para actualizarla.

El país, a causa de los conflictos entre Gobierno y Congreso, debió reactivar su economía por un vacío legal que permitiera al Ejecutivo seguir con el confinamiento obligatorio de la población.

IMPAGO DE SALARIOS Y DENUNCIAS INTERNACIONALES

Después de que quedaron atrás los conflictos por las normas para regir la cuarentena, que en su mayoría fueron declaradas inconstitucionales por el Supremo por transgredir libertades establecidas en la Carta Magna de manera inadecuada, el Gobierno de Bukele y el Legislativo se han enfrentado por la distribución de fondos.

En varias ocasiones el mandatario aseguró que no había recibido ni un “centavo partido por la mitad” para enfrentar la pandemia, pero un informe del Banco Central de Reserva (BCR) indica que el Gobierno recibió y gastó unos 1.500 millones de dólares en letras del tesoro, que no necesitan aprobación legislativa.

El Congreso aún tiene pendiente la liberación de fondos provenientes de préstamos, por lo que el Ejecutivo asegura que se ha quedado sin dinero para pagar los salarios de los trabajadores de la Asamblea Legislativa y de un fondo para las alcaldías.

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El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa anunció este martes que denunciará ante organismos internacionales al Gobierno de Bukele por el atraso en el pago de sus salarios, mientras que la Fiscalía abrió una investigación.

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aseguró en una entrevista televisiva que el Gobierno tiene la “caja vacía” de fondos, por eso “el retraso de los pagos, de los salarios” y de cuatro meses del fondo para las alcaldías.

“Nos tiene ahorcados la Asamblea Legislativa y no podemos dejar de priorizar la salud y vida de los salvadoreños por los salarios, es una situación difícil, pero no hay dinero en estos momentos”, aseguró.

La mañana de este martes, cientos de empleados municipales se manifestaron y cerraron calles para protestar por el retraso en la entrega del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), que es entregado a los 262 municipios y que debe representar el 10 % de los ingresos estatales.

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