Buenos Aires,- La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó las condenas contra exfuncionarios y empresarios acusados por la llamada “Tragedia de Once”, el choque de un tren que dejó 51 muertos en 2012 en Buenos Aires, confirmaron este jueves fuentes jurídicas.

El alto tribunal rechazó las apelaciones que se habían presentado y confirmó las sentencias contra, entre otros, quien fuera secretario de Transporte durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) Juan Pablo Schiavi (5 años y seis meses de prisión), al empresario Claudio Cirigliano (7 años), de Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión de la línea siniestrada, y el maquinista del tren, Marcos Córdoba (3 años y 6 meses).

Sin embargo, queda aún pendiente la resolución acerca de la condena que pesa sobre el también exsecretario de Transporte Ricardo Jaime a siete años de cárcel.

Asimismo, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue en 2018 condenado, en un segundo juicio por la tragedia, a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en contra de la administración pública, pero el fallo fue apelado y aún no ha sido revisado.

La “Tragedia de Once”, el peor accidente ferroviario de Argentina, sucedió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea ferroviaria Sarmiento, que conecta la capital argentina con el oeste de su conurbano, se empotró contra un andén de la estación cabecera de Once en la hora punta de la mañana y mató a 51 personas, una de ellas embarazada.

“Se tuvo por verificada la deliberada decisión de las autoridades de TBA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados, contando con la colaboración necesaria de los directivos de Cometrans SA y, especialmente, de los funcionarios -Secretarios de Transporte- integrantes del Gobierno de ese entonces”, reza el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, ahora ratificado por el Supremo.

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Según añade, esos exfuncionarios tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario, “deber que deliberadamente incumplieron”, lo que ocasionó un “paulatino deterioro del material rodante y la disminución de su vida útil, ocasionándose un enorme perjuicio al patrimonio estatal”.

Por esa situación se dictaron condenas por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, a las que se sumaron otras por “estrago culposo agravado”.

“No sólo se ocasionó con motivo de la negligente conducción del maquinista, sino que además encontraba explicación en una diversidad de factores (…) que responden a las pésimas condiciones en que se explotaba el servicio, a partir de las políticas empresariales verificadas y la ausencia de los controles serios (…), que representaba un constante peligro para la vida de las personas”, añadió el fallo de la Cámara de Casación.

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