Sao Paulo.- El presidente de la Corte Suprema de Brasil, Luiz Fux, decidió este martes restringir los casos de presos que pueden ser excarcelados en función de la pandemia del coronavirus y excluyó como potenciales beneficiarios de esa recomendación a los condenados por corrupción, entre otros.
Fux, quien el pasado jueves asumió la presidencia del alto tribunal, tomó esa decisión en calidad de jefe del Consejo Nacional de la Justicia, en su primer acto al frente de esta institución pública que cuida del correcto funcionamiento del Poder Judicial.
El magistrado indicó que las personas condenadas por corrupción, lavado de dinero, crímenes hediondos o violencia doméstica no podrán beneficiarse de la revisión de la prisión temporal o de la progresión de régimen penitenciario por la crisis sanitaria.
Esa medida fue adoptada en marzo por el anterior presidente del Supremo, José Antonio Dias Toffoli, como una forma de contener los casos de la COVID-19 en el sistema penitenciario brasileño, que cuenta con una población de unos 750.000 reclusos, una de las mayores del mundo.
Sin embargo, Fux optó ahora por poner coto a esa recomendación que, según algunos juristas, abría la posibilidad de excarcelar a todos los presos con motivo de la pandemia.
El juez alegó al justificar los cambios que Brasil no puede «retroceder en el combate a la criminalidad organizada y en el enfrentamiento a la corrupción», y también citó el incremento de casos de violencia machista reportados durante la pandemia.
Asimismo, prorrogó la vigencia de la medida, ya con las nuevas restricciones, hasta marzo del próximo año.
Los jueces y tribunales deberán actuar ahora con base a esta nueva recomendación que continuará dando prioridad de excarcelación por la pandemia a embarazadas, madres, personas responsables de menores de hasta 12 años, ancianos, indígenas, personas con alguna deficiencia o que se encuadren dentro del grupo de riesgo.
La irrupción del coronavirus, que deja hasta el momento 4,38 millones de contagios y más de 133.000 fallecidos en todo el país, ha complicado aún más la situación en las cárceles brasileñas.
El Departamento Penitenciario Nacional, organismo estatal responsable por la población carcelaria brasileña, contabiliza más de 16.000 contagios de COVID-19 y unos 90 óbitos en las prisiones de todo Brasil, según datos oficiales, que no son actualizados regularmente.
