Manila.- El Congreso de Filipinas aprobó este lunes una nueva ley que otorga «poderes especiales» al presidente filipino, Rodrigo Duterte, para manejar la emergencia sanitaria y la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19.
Los poderes especiales implican que Duterte podrá tomar decisiones de urgencia sin contar con el Legislativo, reasignar las partidas presupuestarias e incluso intervenir empresas privadas “si fuera necesario”.
La Cámara de Representantes -dominada por aliados del presidente- dio luz verde a la versión final del proyecto de ley “Bayanihan 2” después de que el Senado lo hiciera la semana pasada, por lo que solo queda la firma del mandatario para convertirla en ley.
El Congreso filipino ya aprobó de urgencia el pasado marzo -una semana después de declararse pandemia- una primera edición de la ley Bayanihan cuya vigencia expiró en junio, aunque ha sido necesario sacar adelante una nueva versión ante la continuidad de la crisis sanitaria por la COVID-19.
Una vez promulgada por Duterte, la medida garantizará una nueva tanda de subsidios de emergencia de entre 5.000 y 8.000 pesos (entre 100 y 160 dólares) para los hogares de bajos ingresos afectados por el estricto confinamiento impuesto en Filipinas y para los emigrantes retornados tras perder sus empleos en el exterior.
“Bayanihan 2”, que estará en vigor hasta diciembre, también asigna un fondo de 3.500 millones de pesos (unos 700 millones de dólares) para los esfuerzos de ayuntamientos y unidades de gobierno local frente a la COVID-19.
Amparados en la primera edición de la ley Bayanihan, el gobierno aprobó en junio un plan de estímulo de 165.500 millones de pesos (3.300 millones de dólares) para mitigar la grave crisis económica y social provocada por la pandemia en Filipinas, que ha entrado en recesión por primera vez en tres décadas.
La provisión que contemplaba la intervención de empresas privadas en «Bayanihan 1» fue muy polémica, aunque no sucedió durante los tres meses que estuvo en vigor, por lo que se mantiene en la nueva edición de la ley.
No obstante, la versión aprobada por el Congreso en marzo descartó la posibilidad de que el Ejecutivo controlara concesiones públicas como telecomunicaciones, agua o electricidad, algo que si figuraba en el primer borrador que se redactó entre el equipo de Duterte y sus aliados en el parlamento.
Filipinas, que ha impuesto uno de los confinamientos más largos y estrictos del mundo, confirmó hoy 4.686 nuevos casos de COVID-19, con lo que suma 194.252 contagios -el número más elevado en el Sudeste Asiático- y 3.010 muertes.
