San Salvador,- Los casos de COVID-19 se dispararon más de un 200 % en El Salvador desde mediados de junio pasado, cuando el Gobierno implementó la primera fase de su plan de reactivación económica y finalizó la cuarentena domiciliar obligatoria por los conflicto entre órganos.

Los casos diarios no han retrocedido en el país durante julio y este martes marcó su cifra más alta desde que comenzó la pandemia con 393 contagios confirmados.

El Gobierno atribuye la escalada al fin de la cuarentena domiciliar obligatoria, que no se extendió por la falta de acuerdos entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, el país registraba 3.941 casos confirmados el día anterior a la implementación de la primera fase de la reactivación económica, el 15 de junio.

Los contagios pasaron hasta los 12.975 este martes, lo que significa un incremento del 229 %. También la cifra diaria de casos nuevos, que a mediados de junio no pasaba de 120, alcanza casi los 400 en la actualidad.

En una entrevista con Efe a finales de junio, el investigador Óscar Picardo señaló que era “probable” que a una alza atribuida a los efectos de la tormenta tropical Amanda le diera continuidad los contagios dados en el marco de la reactivación económica.

Tras la primera fase del plan de desescalada se dieron una serie de eventos que pudieron influir en el incremento de casos, como la realización de campañas políticas para elecciones primarias, marchas afines al Gobierno y la entrega de alimentos sin medidas de distanciamiento físico.

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Picardo señaló que “se debería ser muy radicas en prohibir” todos los eventos que impliquen aglomeraciones, a las que el Gobierno no ha criticado.

El Salvador presidente Nayib Bukele aplazó la entrada a la segunda fase de reactivación el fin de semana y solo un día después de haber dado luz verde públicamente.

El Ejecutivo sostiene que la única manera de frenar la curva de contagios, que a juicio del mandatario “se ha vuelto prácticamente incontrolable”, es la implantación de un estado de excepción por 15 días.

No obstante, esta medida no ha encontrado eco entre la mayoría de los diputados del Congreso tras meses de confrontaciones y pese a que inicialmente le aprobaron al Ejecutivo el estado de emergencia y de excepción.

Los diputados se negaron a ampliar estas medidas por supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad y falta de transparencia en el manejo de los fondos.

En las últimas semanas, los alcaldes de diversas localidades han buscado mayor protagonismo con medidas puntuales en sus comunidades, como el cierre de mercados, la búsqueda de pacientes con síntomas de COVID-19 y la entrega de vitaminas.

Desde que estalló la pandemia en este país centroamericano hasta el martes se registran 363 personas fallecidas, 7.119 salvadoreños han sido dados de alta y se tienen 12.608 casos sospechosos.

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