Washington.- El Tribunal Supremo de EE.UU. asestó este jueves un golpe a los convictos en Florida que quieran votar, al dar luz verde a una ley estatal que les prohíbe sufragar si todavía deben tasas judiciales o multas.

El Supremo adoptó esta decisión con seis votos a favor y tres en contra, los de las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan.

En su opinión de disenso, Sotomayor advirtió de que “la orden de esta Corte impide que miles de votantes, que de otra manera serían aptos (para sufragar), no participen en la elección primaria de Florida simplemente porque son pobres”.

A través de su decisión el Supremo ha rechazado revocar una orden temporal de una corte de apelaciones que bloqueaba el fallo de un juez, quien autorizó el registro para votar de cientos de miles de convictos en Florida.

No se sabe si este asunto será resuelto antes de los comicios generales del 3 de noviembre: El tribunal de apelaciones tiene previsto celebrar una vista sobre este tema el 18 de agosto, coincidiendo con las elecciones primarias de Florida.

El derecho a voto de los delincuentes con condenas en ese estado fue restablecido gracias a una enmienda constitucional aprobada el noviembre de 2018.

Dicha enmienda contemplaba que aquellos convictos que hubieran completado “todos los términos de la sentencia” tenían derecho a sufragar y fue aprobada por el Congreso de Florida, controlado por los republicanos.

Sin embargo, el gobernador de ese estado, el conservador Ron DeSantis, firmó una ley que aclaraba que “todos los términos de la sentencia” incluían todas las obligaciones financieras, como multas, tasas judiciales o compensaciones, contraídas por los condenados

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La cadena de televisión CNN, que citó a la codirectora de la ONG Centro de Multas y Tasas de la Justicia, Lisa Foster, señaló que ese tipo de pagos oscilan entre unos cientos de dólares hasta centenares de miles.

El instituto independiente Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York indica que en el caso de Florida si no se pagan esas tasas en el plazo de 90 días son transferidas a recolectores de multas privados, que pueden agregar un 40 % de recargo.

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