Bangkok,- Hacinados en condiciones insalubres, los trabajadores extranjeros no cualificados de Singapur han sido los más afectados por la COVID-19, lo que ha mostrado la cara más oscura de la próspera ciudad-Estado, que este viernes celebra elecciones sin que este asunto esté presente en los debates electorales.
A pesar de ser un pilar crucial de la economía, la precaria situación de los inmigrantes ha quedado fuera de una campaña que concluye este miércoles y ha estado prácticamente centrada en el alto coste de vida y las medidas para hacer frente a la recesión que afronta este centro financiero por la pandemia.
«Estos trabajadores suponen en torno a una cuarta parte de la población (de unos 5,6 millones) y una tercera parte de la fuerza de trabajo y hacen muchas de las tareas que la mayoría de singapurenses no quiere hacer», señala Alex Au, subdirector de la oenegé Transient Workers Count Too (TWC2).
No obstante, según Au, los trabajadores extranjeros son tratados por las autoridades como «activos económicos, pero rara vez como seres humanos», lo que se ha puesto más de manifiesto que nunca durante la pandemia.
En la atípica campaña marcada por las medidas de distanciamiento, ni el Partido de Acción Popular- que lleva en el poder desde la independencia en 1965 y que vuelve a partir como favorito – ni la oposición han querido poner sobre la mesa un asunto que ha empañado la imagen internacional de Singapur.
HACINADOS EN BARRACONES
La próspera ciudad-estado fue uno de los primeros países en detectar la COVID-19 fuera de China -origen de la pandemia-, y actuó con rapidez para contenerla, por lo que fue citada como un ejemplo por la OMS, pero a partir de finales de abril el virus comenzó a extenderse en los barracones donde viven centenares de miles de trabajadores extranjeros.
En la actualidad, de los 44.983 casos del nuevo coronavirus detectados en Singapur más del 90 por ciento se han dado en un total de 43 barracones en las afueras de la ciudad, donde fueron confinados a partir de abril unos 300.000 trabajadores extranjeros no cualificados, hacinados en una media de unas 20 personas por dormitorio y en precarias condiciones sanitarias.
«Las organizaciones de derechos de los migrantes han dicho durante años que los trabajadores extranjeros son sometidos a condiciones laborales y de vida precarias que les hacen vulnerables a brotes de enfermedades y la COVID-19 no es la primera (…) pero sus advertencias parecen haber caído en saco roto», señala a Efe la periodista y activista singapurense Kirsten Han.
De hecho, años antes del envite de la COVID-19, otras enfermedades víricas como el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) o la gripe aviar ya habían golpeado con especial dureza a los inmigrantes residentes de estos dormitorios.
Según Alex Au, es probable que no se hubiera podido evitar un brote de coronavirus en los barracones, pero «la magnitud del problema podría haber sido controlada si el Gobierno hubiera tomado medidas contundentes para evitar el hacinamiento y realizado tests masivos en abril».
UN PROBLEMA IGNORADO
Sin embargo y pese a la magnitud de la pandemia en los barracones, tanto Han como Au coinciden en que la situación de los trabajadores extranjeros no ha provocado grandes muestras de indignación entre la población ni ha jugado prácticamente ningún papel en los debates en torno a las elecciones generales que se van a celebrar en la ciudad-estado este próximo viernes.
«Si tuviéramos una prensa libre y libertad de expresión, habría una capacidad mayor para presionar al Gobierno para que diera respuestas. Pero el problema forma parte de una pauta que consiste en tratar a los trabajadores extranjeros como una población ‘pasajera’ que no forma parte de la comunidad, lo que hace que resulte más fácil desatenderlos», señala Han.
«Creo que la gente puede sentir simpatía o pena por los trabajadores migrantes, pero como es tan raro que hablemos sobre asunto alguno desde una perspectiva de derechos humanos, no se reconoce los suficiente que las condiciones de los trabajadores extranjeros son una cuestión de justicia y de instituciones que han de importar a los singapurenses,» apostilla la activista.
LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
Mientras tanto, el pasado 2 de junio entró en vigor una enmienda a ley de Empleo de Mano de Obra Extranjera que permite a los empresarios que contraten a trabajadores extranjeros restringir la libertad de movimientos de sus empleados, que a partir de ahora necesitan un permiso de los empleadores para salir de sus alojamientos.
«La ley los convierte en prisioneros de sus empleadores que solo tienen derecho a salir para trabajar», denuncia Au, que además señala que no es una regulación provisional, ya que la enmienda no ha sido incluida entre las medidas temporales aprobadas para combatir la COVID-19, sino en una ley permanente.
En cualquier caso, según Han, la enmienda a la ley ha pasado desapercibida para la mayoría de los singapurenses.
«Singapur carece de una oposición fuerte y la sociedad civil es muy débil. En realidad, aunque tengamos elecciones y un Parlamento, no tenemos una democracia en absoluto, sino un régimen autoritario, así que la apatía de la población sobre asuntos como este debe verse en ese contexto», sentencia Au.
