Managua,- El gremio médico de Nicaragua demandó este jueves al Gobierno del presidente Daniel Ortega que dé prioridad «al bien común, la salud de la ciudadanía» y ofrezca los datos reales de la pandemia de COVID-19, para contrarrestar su propagación.
En su tercer mensaje público, esta vez sin sellos ni firmas para evitar acusaciones legales, despidos, u otras represalias, los médicos expresaron su «profunda preocupación por el desarrollo de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua».
Las estadísticas del Ministerio de Salud muestran que los casos nuevos y el número de muertos por COVID-19 crecen cada semana, sin embargo el Gobierno nicaragüense se resiste a aplicar restricciones o ampliar las medidas de prevención social, para evitar la propagación de la pandemia, señalan.
«Demandamos al Gobierno de Nicaragua priorizar el bien común y la salud de la ciudadanía», destacaron los doctores en su mensaje, en el que advirtieron que «el país necesita que todas las fuerzas vivas de la nación juntemos esfuerzos para salvaguardar la vida del pueblo».
Los médicos, que en su mensaje de mayo pasado sumaron 700 firmas, indicaron que en Nicaragua la transmisión comunitaria de COVID-19 muestra «una curva en ascenso exponencial, sin medidas y políticas gubernamentales de contención y mitigación a nivel nacional».
También advirtieron sobre el «debilitamiento del sistema de salud pública, entre otras razones por: personal sanitario de baja (a causa de) enfermedad, y por la reciente ola de despidos a médicos altamente calificados, por el simple hecho de exigir y distribuir equipos de protección personal adecuados para el autocuido del personal de salud».
Advirtieron, además, de un «creciente número de pacientes practicando la automedicación, que los expone al riesgo de complicaciones letales», pues no acuden a un hospital hasta que se encuentran en estado crítico.
SIN ACCESO A PRUEBAS
Asimismo, señalaron «la centralización y falta de acceso a la prueba masiva del COVID- 19, deja sin herramientas diagnosticas a todo el sistema de salud de la nación», y criticaron que «el Gobierno sigue promoviendo actividades masivas y la asistencia a clases presenciales en los centros de educación».
El Gobierno de Ortega ha insistido en que aplica una denominada «estrategia singular» frente a la pandemia, que compara con la que abandonó Suecia en mayo pasado, y que busca el «equilibrio» entre la economía y la salud.
Los galenos resaltaron que «Nicaragua necesita reconocer su frágil situación sanitaria ante su pueblo y el mundo».
Hasta ahora el Gobierno nicaragüense admite 2.519 contagios de la COVID-19, y 83 muertes.
«Insistimos en la necesidad de dar a conocer los datos reales de la pandemia», subrayaron los médicos, algunos de los cuales han confirmado la muerte de al menos 78 sospechosos en el personal sanitario de Nicaragua, incluyendo 34 médicos, con base en cifras del independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, compuesto por una red de doctores y voluntarios.
Una vez más, el gremio médico de Nicaragua exhortó al Gobierno a «seguir las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como asumir las medidas sugeridas del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), para enfrentar la pandemia.
El caso de Nicaragua ha despertado preocupación en la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como en la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyendo a la alta comisionada de este organismo para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Según Bachelet, al menos 16 médicos han sido despedidos en Nicaragua «por criticar la respuesta estatal ante la pandemia».
