San Salvador.- Dos organizaciones sociales de El Salvador recomendaron este lunes a la Asamblea Legislativa evaluar medidas alternas al estado de excepción solicitado por el Gobierno para contener el alza de los contagios de la COVID-19, que se ha cobrado la vida de al menos 164 personas en este país.

El Salvador ha experimentado durante junio una escalada de los contagios del coronavirus SARS-CoV-2 y alcanzó este domingo su registro más alto en un solo día con 239 casos nuevos y 12 fallecidos.

Esta alza se da en momentos en los que el país entra a la parte final de la primera etapa de la reactivación económica, por lo que el Gobierno solicitó el pasado 24 de junio un estado de excepción por 15 días para aplicar una nueva cuarentena nacional.

La organización de derechos humanos Cristosal recomendó a los diputados que estudian la propuesta del Ejecutivo de Nayib Bukele consultar con expertos para hacer una “adecuada ponderación de la medida o, por el contrario, evaluar otras que no requieran la suspensión de derechos”.

“Para decidir sobre la procedencia del régimen de excepción debe tomarse en cuenta el impacto en los derechos económicos, sociales y culturales de la población más vulnerable a raíz de la cuarentena anterior”, que se extendió por 85 días ininterrumpidos, sostuvo el ente.

Señaló que el Gobierno “no ha proporcionado evidencia científica” que permita determinar la necesidad del estado de excepción y la cuarentena nacional, por lo que “no es posible determinar la idoneidad” para reducir el contagio y evitar el colapso del sistema de salud.

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Por su parte, la organización Acción Ciudadana llamó a los legisladores, en caso de aprobar la solicitud del Gobierno, a “regular todos los aspectos posibles del mismo y no dejar a discreción del Ministerio de Salud u otra dependencia del Ejecutivo el establecimiento de otras restricciones”.

También advirtió que la iniciativa gubernamental “replica la visión punitiva” aplicada durante la cuarentena anterior al establecer la detención y confinamiento forzoso de las personas que se salten el encierro.

“Es inadmisible dicha sanción porque establece una diferenciación arbitraria entre las personas que sí tienen justificación para salir y las que no” y “estamos en presencia de una auténtica sanción en forma de detención ilegal”, recalcó la plataforma ciudadana.

Esta medida fue aplicada anteriormente por el Ejecutivo y la misma fue prohibida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema al no contar con el respaldo de una legislación.

El Salvador se encuentra en la etapa de contagios masivos del coronavirus con 6.173 casos confirmados, de los que 2.361 se mantienen activos, 3.648 pacientes recuperados y 164 personas fallecidas. Los casos sospechosos suman 6.390.

La Sala de lo Constitucional, a la que el presidente Nayib Bukele acusa de retirarle facultades para enfrentar la pandemia, ha ordenado en al menos dos ocasiones al Gobierno y al Congreso que acuerden una ley para regular el confinamiento y las medidas sanitarias.

El país se quedó sin normativa para enfrentar la pandemia después de que los jueces constitucionales anularan buena parte de los decretos que regularon la cuarentena por violar la Constitución, dado que el Gobierno no puede suspender derechos, y tras el fracaso de las negociaciones entre Ejecutivo y Legislativo.

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