Redacción Internacional.-Guatemala.- El Congreso desobedeció a la Corte de Constitucionalidad, la máxima tribuna del país, al incumplir con el traslado de un expediente original del proceso con el que la comisión permanente del Legislativo pretendía desalojar a cuatro magistrados.
La Corte aseguró que el Congreso incumplió con la entrega del expediente original del proceso de desafuero emprendido el pasado viernes contra cuatro magistrados constitucionales, denunciados por un abogado que pedía retirar la inmunidad de cuatro magistrados por haber otorgado un amparo a la Fiscalía que detuvo la elección de la Corte Suprema de Justicia y las salas y cortes de Apelaciones.
La denuncia del abogado (José Roberto Guzmán Hernández), uno de los aspirantes a integrar una sala de Apelaciones, fue tramitada por la Corte Suprema, quien trasladó el antejuicio (proceso de desafuero) contra Gloria Porras, Neftaly Aldana, José de Mata Vela y Bonerge Mejía a la comisión permanente del Congreso.
Tres amparos en contra del Supremo para detener el juicio político a los cuatro magistrados constitucionales, interpuestos ante el máximo tribunal del país centroamericano, interpuestos por la Procuraduría de los DD.HH., y dos ONG (una de estas, la versión local de Transparencia Internacional), fueron avalados por el propio ente Constitucional el fin de semana.
El máximo tribunal, además de suspender el sábado el proceso de desafuero contra cuatro de sus magistrados titulares, recordó al Congreso que debía cumplir con la orden que anuló “toda acción tendiente a la persecución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad” y ordenó al presidente del Legislativo y de la comisión permanente y a los miembros de dicha entidad a remitir el expediente original del antejuicio.
El Congreso, sin embargo, envió la tarde del lunes, a escasos minutos de que se cumpliera el plazo legal para hacerlo, “un memorial donde señala que en el anterior memorial remitido a este Tribunal explican claramente por qué han entregado copia certificada y legalizada del expediente y que la Corte de Constitucionalidad no ha fundamentado por qué solicita el original”, indicó el tribunal.
Además, en el memorial, el Congreso hizo “manifiesto su desacuerdo con las resoluciones dictadas por la Corte de Constitucionalidad por que considera que son juez y parte e insta al Ministerio Público (Fiscalía) a proceder a solicitar antejuicio contra tres magistrados de la Corte”.
En el memorial, el Congreso omitió el nombre de uno de los cuatro magistrados previamente denunciados: Neftaly Aldana.
La Corte de Constitucionalidad, en la resolución en la que ordenaba al Congreso a trasladar el expediente original, subrayaba que, “de no tener en su poder (el original) deberá girar instrucciones a quien corresponda a fin de dar exacto cumplimiento a lo ordenado”.
La elección de los nuevos representantes de la Corte Suprema y las cortes y salas de Apelaciones debía darse en octubre de 2019 para renovarlas por un nuevo período de cinco años, pero la Corte de Constitucionalidad anuló un par de veces (en 2019 y 2020) el proceso por irregularidades en el mismo documentadas por el Ministerio Público (Fiscalía).
Finalmente, la elección se realizaría el martes pasado por el Congreso guatemalteco, pero fue suspendida en una maratónica jornada legislativa de 12 horas tras no ponerse de acuerdo en el procedimiento para elegir a los nuevos magistrados.
Este lunes, el congresista estadounidense, Eliot Engel, jefe de la comisión de asuntos externos del Congreso estadounidense, se pronunció por esta disputa y aseguró que “los esfuerzos para derrocar a los jueces de la Corte Constitucional de Guatemala son completamente antidemocráticos”.
Y agregó que “el Congreso de EE.UU. y el Departamento de Estado deben garantizar las consecuencias para quienes socavan la democracia guatemalteca”.
Según expertos, la elección de los 250 jueces es trascendental para la lucha anticorrrupción del país centroamericano, especialmente después de que las autoridades documentaran que las elecciones en 2014 estuvieron cooptadas por el Gobierno del expresidente, Otto Pérez Molina (2012-2015)
