Redacción Internacional-Colombia-Decenas de personas se reunieron frente al Cantón Norte, la principal unidad militar de Bogotá, para protestar contra la violación sexual de una niña indígena por parte de 8 soldados y pedir que la justicia no deje impune el caso.

“Vine porque me parece que hay que sensibilizar a la sociedad de que en el marco de la pandemia se están cometiendo muchas violaciones por parte del Estado contra la sociedad civil”.

El país fue sacudido el pasado miércoles por la revelación de que una niña de 12 años, del pueblo indígena embera-chamí, fue violada el fin de semana anterior por 8 militares del Batallón de Artillería San Mateo en el caserío de Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda (centro).

“Nunca más el rastro de su violencia en nuestros cuerpos”, “Las indígenas importan” y “Los héroes no violan”, decían pancartas enarboladas por los manifestantes que, aunque utilizaban mascarillas, no guardaban la distancia recomendada para evitar posibles contagios de coronavirus.

Para León, es necesario “crear conciencia de que no podemos seguir viviendo en un país donde nos se respeta nada, no se respetan los niños, no se respeta a las mujeres, no se respeta a los campesinos, no se respetan los desvinculados (desmovilizados)”.

El Cantón Norte, donde se efectuó la protesta, es un complejo militar que incluye la Escuela de Caballería del Ejército, la de Infantería y otras unidades militares, así como casas fiscales y campos deportivos.

En rechazo a la violación de la niña indígena varias organizaciones han convocado actividades como una marcha de antorchas que se realizará este martes en Bogotá.

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Los plantones ocurren en momentos en que la conducta de miembros del Ejército es cuestionada por denuncias de abuso sexual, asesinato de civiles, espionaje y corrupción, por lo que diferentes sectores piden acciones contra los militares implicados en ilícitos.

En medio del escándalo, la revista Semana reveló hoy que otros soldados secuestraron y violaron a una niña de la tribu nómada nukak makú en septiembre del año pasado en el selvático departamento del Guaviare.

Según lo revelado en Semana por el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, la menor de 12 años fue violada sexualmente durante 6 días por militares del Batallón de Infantería Joaquín París, que la mantuvieron secuestrada y sin darle de comer en una habitación de esa guarnición militar, que tiene sede en San José del Guaviare, la capital regional

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