Viena.- En un momento en el que la tecnología es un aliado para luchar contra la propagación de la COVID-19, la mayoría de los europeos afirma que prefiere no compartir datos personales básicos con empresas privadas, pero sí con la administración pública.
Este resultado procede de una encuesta a unas 35.000 personas realizada entre enero y octubre de 2019 y cuyos resultados ha hecho públicos hoy la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea.
La encuesta señala que los europeos confían más en los organismos públicos que los privados a la hora de entregar sus datos.
En la UE, el 23 % no compartiría ningún dato personal con la administración pública, mientras que en el caso de las empresas privadas esa cifra aumenta al 41 %.
MÁS CONFIANZA EN LO PÚBLICO
Más de la mitad de los encuestados estaría dispuesto a compartir datos personales básicos con organismos públicos, incluida la dirección (63 %), la fecha de nacimiento (62 %) y la nacionalidad (58 %).
Esas cifras bajan mucho si el destinatario de esa información es una empresa privada, en el caso de la fecha de nacimiento (38 %), la nacionalidad (37 %) y la dirección (36 %).
Sólo una minoría está abierta a compartir los datos personales más sensibles con compañías privadas, como imágenes faciales (6 %) huellas dactilares (4 %) o ideas políticas (5 %).
Al mismo tiempo, sólo el 7 % compartiría datos sobre sus inclinaciones políticas con la administración pública.
Los datos entre países varían mucho, desde el 65 % de los chipriotas que compartirían su imagen facial con organismos públicos hasta menos del 10 % en el caso de Rumanía, Polonia o Alemania.
En el caso de España, esa cifra se sitúa en el 15 %.
Según la encuesta, el 72 % de los europeos conoce la configuración de privacidad en sus móviles, pero el 24 % no sabe cómo comprobarla en sus aplicaciones.
La mayoría (69%) de los ciudadanos de la UE saben que existe una directiva comunitaria sobre protección de datos -GDPR- y que existe una autoridad nacional que vela por sus datos privados (71 %).
Por el contrario, sólo el 22 % lee siempre las condiciones de uso de servicios en internet y sólo el 51% sabe que puede acceder a sus datos personales en poder de las empresas.
Recientemente la FRA advirtió sobre los problemas para la protección de datos que pueden ocasionar las aplicaciones para rastrear los contagios de COVID-19.
Además de la vulneración de la privacidad, esas aplicaciones pueden afectar al derecho al libre movimiento, de asociación e incluso de religión.
«Identificar las relaciones de una persona con otros individuos o sitios podría revelar creencias religiosas o políticas, por ejemplo», alertó a finales de mayo esta agencia de la UE con sede en Viena.
