San Salvador,- Cerca de una treintena de organizaciones sociales de El Salvador pidieron este miércoles al fiscal general, Raúl Melara, que investigue las supuestas ilegalidades que se han registrado durante la cuarentena por la COVID-19, llamado que el presidente Nayib Bukele tomó como una acción para que «el Gobierno no se quite el bozal».
La solicitud de las organizaciones se da después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional la mayoría de decretos y leyes que han regido la cuarentena, incluidas dos de estado de excepción.
«Consideramos urgente que ejerza, en plenitud y con contundencia, todas sus facultades constitucionales en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, promoviendo la acción penal contra los funcionarios que comentan actos contrarios a la ley y que desobedezcan la constitución», expresa una carta enviada a Melara.
Señalaron que «es del conocimiento público que el órgano Ejecutivo se ha negado de forma sistemática a dar cumplimiento a resoluciones judiciales» de los jueces constitucionales.
«Toda esa desobediencia ha derivado en graves violaciones a derechos fundamentales de la población salvadoreña», añadieron.
El presidente Bukele calificó a estas organizaciones de ser «fachada» de la oposición y señaló que su solicitud a Melara es para «para garantizar que el Gobierno no se quite el bozal, ni se desamarre los brazos y los pies».
También añadió «el miedo que tienen es que reaccionemos», sin precisar a qué tipo de reacción se refería.
Estos señalamientos de Bukele se dieron en un hilo en su cuenta de Twitter en el que también criticó fuertemente a la Asamblea Legislativa, a la Sala de lo Constitucional del Supremo y a la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras la declaración de inconstitucionalidad del decreto gubernamental que rige la cuarentena, cuya anulación se materializará la medianoche del sábado, el Gobierno y Congreso han discutido por el lugar en el que deben sentarse a negociar la nueva normativa para evitar el limbo legal de la cuarentena de cara a la reactivación económica.
«En contubernio con la @SalaCnalSV (Sala de lo Constitucional), que ellos eligieron, declaran inconstitucionales TODAS las herramientas que teníamos para combatir el #COVID19», escribió Bukele.
Además, calificó de «plazo trampa» los 4 días que dieron los magistrados para que el referido decreto tenga vigencia porque, a su juicio, no le da tiempo para vetarlo u observarlo y deja a su Gobierno «a merced» de la oposición en el órgano Legislativo.
«Los magistrados de la @SalaCnalSV cargaron el arma, la montaron, la pusieron en la mano de la @AsambleaSV (Asamblea Legislativa) y de la @ANEPElSalvador (Asociación Nacional de la Empresa Privada) y se la apuntaron a la cabeza del Gobierno y del Pueblo», subrayó.
En uno de los últimos trinos de la cadena de publicaciones, apuntó que «la muerte de sus seres queridos (de los ciudadanos) es rentable», porque «hacen ricos a sus patrocinadores, abriendo las empresas de golpe» y «culparán al Gobierno, al haber un colapso».
Las constantes confrontaciones de Bukele con los órganos Legislativo y Judicial son la marca característica del primer año del mandatario en el poder Ejecutivo.
En El Salvador se registran 3.274 casos confirmados de la COVID-19, de los que 1.757 se mantienen activos, 1.453 pacientes se recuperaron y 64 fallecieron.
