Lima, En plena crisis nacional por el embate de la epidemia del COVID-19, la polémica contratación de un cantante por el Ministerio de Cultura se ha convertido en una piedra en el zapato para el presidente de Perú, Martín Vizcarra, al que la oposición política cuestiona por su cercanía con el personaje.
El caso de Ricardo Cisneros, quien se hace llamar «Richard Swing», ha generado intenso fuego graneado contra el Ejecutivo por haberse descubierto en plena emergencia sanitaria y con Perú como el segundo país más afectado por el coronavirus en Latinoamérica.
Un medio local reveló hace una semana que el músico y compositor cobró 175.000 soles (50.000 dólares) por dar «charlas de motivación» a personal del Ministerio de Cultura desde 2016, a pesar de que supuestamente no cuenta con la formación para ofrecerlas.
El caso se agravó cuando se supo que Cisneros recibió 30.000 soles (unos 8.570 dólares) en pleno estado de emergencia nacional por el coronavirus, lo que este viernes llevó a la dimisión de la antropóloga Sonia Guillén como Ministra de Cultura.
UNA PIEDRA EN EL ZAPATO
Desde que se destapó el caso, Vizcarra ha sido blanco de duros ataques de la oposición, pero también de personajes cercanos a la campaña presidencial que llevó en 2016 a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, que cuestionan su cercanía con el cantante.
El último de ellos ha sido Jorge Villacorta, exintegrante de la agrupación Peruanos por el Kambio (PPK), con la que Kucyznski ganó las elecciones llevando a Vizcarra como vicepresidente.
Villacorta aseguró en la emisora RPP Noticias que Cisneros «era alguien que vino y se fue con Martín Vizcarra» durante la campaña y que entre el gobernante y el músico existe «una relación personal».
«Le han conseguido trabajo a un amigo del presidente Martín Vizcarra que transciende a seis ministros, en una cartera tan importante tan importante como Cultura, donde ha habido cambios y esta persona se ha mantenido», cuestionó.
Esta declaración incrementó las interrogantes sobre este caso, que ya quedaron abiertas cuando Vizcarra reconoció la semana pasada que conoce a Cisneros, pero «como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del 2016».
Aunque el mandatario estuvo de acuerdo con la anulación del contrato y dijo que en la situación actual del país se tiene que ser «los más austeros posibles», a muchos les llamó la atención que no mostrara la habitual firmeza que lo caracteriza cuando se denuncian casos de corrupción o irregularidades en el aparato estatal.
EL RITMO DE «SWING»
Durante los últimos días, medios locales han remarcado el carácter polémico de Cisneros, algo que se hizo evidente este domingo, cuando el programa periodístico Panorama emitió una grabación en la que este afirma que había «botado» a la ministra Guillén.
«Hoy he botado a la ministra, por atrevida la renuncié», aseguró el cantante antes de también afirmar que «aunque hubiese invertido» todo su dinero en difusión «nunca hubiera tenido una campaña mundial» de promoción como la que supuestamente le están haciendo.
Al parecer incombustible ante las críticas y el sismo político que se ha generado, «Swing» también aseguró que enjuiciará a un grupo de conocidos periodistas peruanos.
«Todos esos irán a prisión», sostuvo antes de reiterar que es amigo de Vizcarra y de Kuczynski, pero además de otros gobernantes como el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Iván Duque.
CONGRESO Y FISCALÍA
La revelación de sus vínculos con el Ministerio de Cultura no solo generó la crisis que llevó a la renuncia de Guillén, sino que también ha motivado una investigación de la Fiscalía y del Congreso.
Al respecto, el coordinador de las fiscalías especializadas contra delitos de corrupción de funcionarios, Omar Tello, señaló que es posible que se podría estar ante un delito de colusión o negociación incompatible.
Tello confirmó que un equipo de fiscales ya recogió la documentación sobre las contrataciones de Cisneros en el Ministerio de Cultura, y también revisó la agenda de trabajo y el registro de visitas de la Secretaría General del Palacio de Gobierno.
Por su parte, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó solicitar que el pleno le otorgue facultades para investigar las contrataciones de Cisneros por un plazo de 45 días.
Mientras que Vizcarra guarda silencio sobre este tema, la exministra Guillén dijo que no puede identificar a los funcionarios vinculados con la contratación porque el caso está siendo investigado por la Fiscalía, aunque no ocultó su indignación porque Cisneros haya afirmado que la obligó a renunciar por «atrevida».
