Madrid.- El Gobierno español negó este martes relación alguna entre el cambio de altos mandos de la Guardia Civil (cuerpo policial militarizado) y una investigación judicial sobre la epidemia de COVID-19, aunque la oposición vinculó ambos asuntos y pidió explicaciones, incluso la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El ministro destituyó el lunes al máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por «pérdida de confianza», indicaron entonces fuentes ministeriales.
Sin embargo, fuentes cercanas a la Guardia Civil señalaron que fue cesado por no haber comunicado a los responsables ministeriales que había remitido un informe a un juzgado de Madrid sobre la autorización de las manifestaciones feministas del 8 de marzo pasado, denunciadas por algunos sectores como focos importantes de transmisión del coronavirus.
En rueda de prensa, el ministro lo atribuyó hoy a un «proceso natural» de sustitución de los equipos de dirección de las fuerzas de seguridad por personas de más confianza, y rechazó circunstancias extrañas en ello. El historial profesional de Pérez de los Cobos es «ejemplar», pero «igual de espectacular» es el de otros muchos mandos, argumentó.
También este martes, antes de la comparecencia de Grande-Marlaska, presentó la renuncia el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, considerado el «número dos» de este cuerpo de seguridad y que decidió adelantar su jubilación inminente por desacuerdo, al parecer, con el cese del coronel Pérez de los Cobos.
El GOBIERNO NIEGA INJERENCIAS EN LA JUSTICIA
El juzgado citado investiga al delegado del Gobierno español en la región de Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido las manifestaciones feministas cuando ya había brotes de contagio de coronavirus en España.
La juez Carmen Rodríguez Medel citó ayer a Franco, imputado por prevaricación administrativa, a declarar el 5 de junio.
Según adelantó el periódico «El Confidencial», el informe de la Guardia Civil incluye una investigación sobre el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que es también el portavoz del Ministerio de Sanidad durante la epidemia.
Simón, supuestamente, «manejaba al menos tres días antes de la manifestación del Día de la Mujer datos que evidenciaban la gravedad de la crisis» de la COVID-19, pero «no tomó ninguna medida para evitar ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana», informó ese medio.
La magistrada recordó ayer que la Guardia Civil actúa en este caso como Policía Judicial y debe informarla solo a ella sobre la investigación, mientras que Grande-Marlaska negó hoy que haya «injerencias» de su Ministerio en el procedimiento.
El opositor Partido Popular (PP, conservador) acusó también al Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez, por lo que considera un intento de «tapar» u ocultar el cese del coronel Pérez de los Cobos con una equiparación salarial entre fuerzas de seguridad aprobada hoy por el Consejo de Ministros.
Ciudadanos (liberal) pidió la dimisión del ministro Grande-Marlaska y Vox (extrema derecha) consideró la destitución una «purga».
