La Paz.- La compra de respiradores de fabricación española por el Gobierno boliviano, para pacientes con COVID-19, destapó un escándalo de corrupción tras revelar que fueron adquiridos por casi el triple de su valor, por lo que fue detenido un funcionario.

“Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en la compra de los respiradores españoles”, aseguró en un mensaje en Twitter de la presidenta internacional del país, Jeanine Áñez.

“Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado ”, complementó la mandataria de transición.

Los 170 “respiradores” comprados por el gobierno de Jeanine Áñez para hacer frente a la pandemia del coronavirus siguen cosechando críticas.
El doctor Adrián Ávila, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, atendió a La Razón para explicar las observaciones técnicas a estos equipos.

Advierte que no se requieren requisitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que estos dispositivos no pueden contener ni respiradores, ni ventiladores, y además, no sirven para emergencias, como señaló el ministro de Salud, Marcelo Navajas.

No son respiradores ni ventiladores. Son dispositivos también conocidos como resucitadores manuales o bolsas autoinflables.

Corrupción: Bolivia paga a España 27 mil US por respiradores del 1990

En otros países se los llama AMBU (del inglés Airway Mask Bag Unit), que significa bolsa autoinflable. Se puede encontrar en servicios de emergencia, pero de forma temporal, es algo tan básico que se hizo en 1950.

Un ventilador se define como un dispositivo y ha tenido una evolución de acuerdo con la tecnología de la época.

La primera generación de ventiladores, no de los AMBU, es desde 1960 y se usaba por presión en los pacientes que los necesitan en forma total o parcial.

La segunda generación tiene como característica el volumen. Y de la tercera generación son los ventiladores que aplican en todas las terapias intensivas, son multiprocesables, y se los utiliza desde 1990.

Entonces, los dispositivos relacionados por el Gobierno de ninguna manera se pueden comparar con un ventilador mecánico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado los requisitos mínimos para el uso y para un Estado adquiera estos equipos para la lucha contra el COVID-19, porque mínimamente debemos brindar al paciente crítico las condiciones mínimas.

A raíz de eso hemos evaluado estas especificaciones técnicas, porque el Gobierno muy hábilmente menciona que todo lo que hace es de acuerdo con la OMS, y este organismo hace una lista de requisitos para cualquier equipo. Son 16 puntos establecidos con relación a los ventiladores.

Las observaciones a esa adquisición tuvieron lugar la semana pasada cuando Jeanine Áñez entregó una primera dotación de equipos de respiración artificial que llegaron de España.

Una asociación de médicos bolivianos especializados en terapia intensiva advirtió de los ventiladores no servidos para pacientes en estado crítico, cuando todavía no sabía nada del supuesto sobreprecio de la primera partida de 170 un total de 600 equipos que deben llegar al país.

Tras ello, el Gobierno transitorio justificó la compra asegurando que los artefactos que costaron más de 27,000 dólares, con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al país, pueden salvar vidas.

Varios medios de comunicación revelan que el valor real de cada respirador básico, que fueron los que se compraron, es de unos 10.000 dólares y que con algunos complementos su costo sería de unos 1.000 adicionales.

“Este es un gobierno de la transparencia, este es un gobierno que no va a socapar (encubrir) absolutamente a nadie”, dijo el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, durante un acto en el que justamente se entrega parte de los equipos observados

 

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