Madrid,- España amanece este lunes con un confinamiento aliviado, aunque no es igual en todo el territorio, ya que mientras pequeñas islas de Baleares y Canarias están más avanzadas, las dos grandes ciudades del país, Madrid y Barcelona, mantienen mayores restricciones.

Cuando comienza la décima semana de confinamiento, las cifras de la pandemia dan un respiro, y España registró este domingo la cifra diaria de fallecidos por coronavirus más baja desde hace dos meses, por debajo del centenar (87), aunque las víctimas mortales ascienden a 27.650.

También se reduce el incremento de nuevos casos, entre 400 y 500 diarios en la última semana, aunque ya ascienden a 231.350, confirmados con test PCR, los más seguros.

Unos 32 millones de personas, el 70 % de la población, pueden desde este lunes ir al pequeño comercio sin cita previa, disfrutar de una terraza, aunque con aforo limitado, o ir a visitar a sus familiares, algo de lo que ya disfrutaba algunos de ellos una semana antes, aunque todavía tienen restringidas las horas de salir para pasear o hacer deporte.

Las ciudades vuelven a recuperar parte de su pulso habitual, aunque los habitantes de Madrid y Barcelona, donde la pandemia de coronavirus ha sido especialmente dura, no tendrán todas esas posibilidades. Podrá abrir el pequeño comercio, pero deberán esperar unos días más para, por ejemplo, poder tomarse un café en una terraza o reunirse con familiares con los que no convivan.

Esta asimetría en la desescalada del confinamiento está provocando tensiones entre los gobiernos regionales y el Ejecutivo español, en un Estado fuertemente descentralizado.

Pero mientras la desescalada avanza, aunque sea a distinto ritmo, también se va extendiendo las protestas de parte de la población, que exige mayor libertad de movimientos, en ciudades como Madrid, Sevilla o Salamanca.

Mientras, el Gobierno español intensifica sus negociaciones para conseguir que este miércoles el Congreso le vuelva a autorizar una prórroga del estado de alarma, instrumento legal que permite la restricción de movimientos, a lo que se oponen abiertamente el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox.

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