Ginebra-Suiza.- Las malas condiciones de muchas prisiones en el continente americano, ya antes afectadas por problemas como la falta de higiene o el hacinamiento, han contribuido a la rápida expansión de la COVID-19 en muchas cárceles en esa región, alertó hoy la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Miles de prisioneros y funcionarios de prisiones se han infectado en América del Norte y del Sur”, destacó en rueda de prensa el portavoz de la oficina, Rupert Colville, quien también alertó sobre la violencia que en algunas instalaciones han desatado el miedo al contagio o las medidas de prevención.

Colville citó como ejemplos un motín el 1 de mayo en la prisión venezolana de Los Llanos, en el que murieron de 47 presos, y otro ocurrido la semana pasada en la cárcel peruana de Miguel Castro Castro, que se saldó con la muerte de nueve reclusos.

Además, el 21 de marzo 23 internos murieron cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para sofocar un amotinamiento en la cárcel colombiana de La Modelo, y otros incidentes violentos se han registrado en países como Argentina, Brasil, México o Estados Unidos, enumeró el portavoz.

Algunos motines se produjeron después de que se prohibieran las visitas de familiares de presos para prevenir los contagios, algo que en ocasiones priva a muchos internos de su principal acceso a la comida.

“La gravedad de los incidentes parece indicar que en algunos casos los Estados no han tomado medidas apropiadas para prevenir la violencia en estas instalaciones penitenciarias, y que han ejercido un excesivo uso de la fuerza para intentar recuperar el control de éstas”, subrayó Colville.

La oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet pidió ante ello la puesta en marcha de investigaciones imparciales y completas de este tipo de sucesos.

El portavoz indicó que en algunos países de la región se practican detenciones de personas que violan las medidas de cuarentena, lo que “incrementa el riesgo de infecciones”.

La oficina pide a los Estados una mejora de las condiciones sanitarias de las prisiones, amplio acceso a los test de diagnóstico, y permitir al menos un mínimo de contacto entre los internos y sus familiares.

En la parte positiva, la oficina de Naciones Unidas dio la bienvenida a los pasos dados por algunos países de la región para liberar a los presos más vulnerables, tales como enfermos crónicos, ancianos, mujeres embarazadas, discapacitados o seropositivos.

Colville citó a los gobiernos de Perú, Brasil, Ecuador o Bolivia, que ya han aplicado esas liberaciones selectivas o están preparando decretos en ese sentido.

IMÁGENES FACILITADAS POR NACIONES UNIDAS. INCLUYE DECLARACIONES DE RUPERT COLVILLE, PORTAVOZ DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH) Y VISTAS AÉREAS DEL PALACIO WILSON.

Traducción:

1. “Las condiciones en muchas cárceles de la región de las Américas son profundamente preocupantes. Los problemas estructurales preexistentes, como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, unidos a la falta de acceso a una adecuada atención médica han permitido la rápida propagación de la COVID-19 en muchas instalaciones”.

2. “Miles de presos y funcionarios de prisiones ya han sido infectados en América del Norte y del Sur. En muchos países, el creciente temor al contagio y la falta de servicios básicos, como la provisión regular de alimentos debido a la prohibición de las visitas familiares, han desencadenado en disturbios y protestas”.

3. “Algunos de estos incidentes en centros de detención se han vuelto extremadamente violentos. El último sucedió el 1 de mayo, en la penitenciaría de Los Llanos en Venezuela, donde, según los informes, una revuelta de prisioneros causó la muerte de 47 reclusos. Cuatro días antes, el 27 de abril, una revuelta había dejando nueve reclusos muertos en la prisión de Miguel Castro Castro en Perú. El 21 de marzo, 23 internos murieron después de que las fuerzas de seguridad intervinieran para reprimir los disturbios en la prisión de La Modelo en Colombia. Otros incidentes, incluidos los intentos de fuga, se han registrado en centros de detención en Argentina, Brasil y Colombia, México y Estados Unidos “.

4. “La escala y la gravedad de los incidentes mencionados anteriormente parecen indicar que, en algunos casos, los estados no han tomado las medidas apropiadas para prevenir la violencia en los centros de detención y que los agentes estatales puedieron haber cometido violaciones de la fuerza en el intento de recuperar el control de estas instalaciones. Recordamos a las autoridades que el uso de la fuerza debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que los Estados tienen el deber de proteger la salud y el bienestar físico y mental de los reclusos, según lo establecido en las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos (también conocidas como las Reglas de Nelson Mandela) “.

5. “Hacemos un llamado a los Estados para que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales sobre las circunstancias de las muertes y lesiones durante los disturbios, incluida cualquier denuncia de uso de la fuerza por parte de agentes estatales”.

6. “También hemos visto con preocupación cómo algunos Estados han detenido rutinariamente a personas por presuntamente violar leyes obligatorias de cuarentenas, lo que aumenta el riesgo de infección”.

7. “En El Salvador, recientemente se impusieron medidas de seguridad extremadamente severas en las cárceles, lo que podría equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante y también podría exacerbar las condiciones de higiene ya precarias”.

8. “Agradecemos las medidas tomadas por algunos Estados para liberar a los más vulnerables a COVID-19, incluidas las personas con afecciones médicas subyacentes, las mujeres embarazadas, las personas mayores, las que tienen VIH y las personas con discapacidad. Sin embargo, se necesitan medidas más amplias para reducir los niveles extremos de hacinamiento mediante la liberación de otras categorías de prisioneros que cumplen sentencias cortas por delitos no violentos, así como niños detenidos y personas detenidas por delitos de inmigración

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