Manila.- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, invoca de nuevo la ley marcial si la guerrilla comunista y la disidencia de izquierda se inmiscuye en su respuesta a la pandemia de COVID-19, situación excepcional que allanaría el terreno a una mayor militarización, autoritarismo y represión.

Después de infravalorar el impacto del coronavirus en febrero e instar a los filipinos a no entrar en pánico, Duterte ha colocado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el centro de su estrategia contra la COVID-19, lo que ha permitido abusos de los derechos humanos en un modelo “tipo ley marcial” según sus palabras.

La ley marcial implica un estado de excepción en el que se anulan las garantías constitucionales y se otorgan poderes extraordinarios a las fuerzas del orden en emergencias como guerras o rebeliones.

Unas 120.000 personas detenidas por violar el confinamiento, agentes entrando en propiedades privadas sin permiso, denuncias por divulgación de “fake news” y dos muertos en controles policiales son el resultado de casi siete semanas de cuarentena.

El presidente filipino instó a las fuerzas de la ley a “disparar a matar” a quien desafiara las normas de la cuarentena que rige en el país a raíz de una protesta.

ENFRENTAMIENTOS MILITARES

En medio de esta situación, no han cesado los enfrentamientos con el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), la insurgencia de inspiración maoísta de Filipinas, a pesar de la tregua declarada unilateralmente por el Gobierno y por los comunistas al inicio de la pandemia.

Aunque la guerrilla extendió su cese el fuego mientras dure la pandemia atendiendo al llamamiento de la ONU, el Gobierno no prolongó el suyo, que finalizó el 15 de abril, en represalia por la muerte de dos soldados a manos de presuntos miembros del NEP la semana pasada.

“Si sigue la anarquía, asesinatos aquí y allá en toda Filipinas, declararé la ley marcial porque ustedes, el NEP, son el enemigo número uno. Roban la ayuda para la gente”, advirtió Duterte en un discurso televisado el pasado viernes.

Analistas cuestionan que el actual nivel de confrontación militar con la guerrilla sea justificación suficiente para esa medida excepcional. “No creo que solo porque el NEP se haya incautado productos de ayuda, sea motivo para declarar la ley marcial”, afirmó Antonio Carpio, magistrado retirado del Tribunal Supremo, en un vídeo-foro con la prensa extranjera.

Aunque no es la primera vez que el mandatario enarbola la ley marcial, en esta ocasión la amenaza parece más real después de que la semana pasada se filtrara un documento interno de la Fuerzas Armadas que informaba a las tropas de una implementación más estricta de la cuarentena bajo un modelo “tipo ley marcial”.

Según Carpio, la ley marcial en pandemia es “un exceso” que dificultaría la contención de la COVID-19. Recordó que en cinco décadas de guerra con la guerrilla comunista no ha sido necesaria esa medida en democracia, ni siquiera en los años ochenta, cuando la insurgencia alcanzó su apogeo con más de 26.000 combatientes.

REPRESIÓN CONTRA ACTIVISTAS

La ley marcial rememora en Filipinas una época oscura, entre 1972 y 1981, cuando el dictador Ferdinand Marcos aprovechó esa medida para aplastar a la disidencia, sobre todo a los comunistas.

La medida no volvió a regir hasta 2017, cuando Duterte la mantuvo en vigor dos años y medio solo en la isla sureña de Mindanao para luchar contra grupos yihadistas, pero declararla en toda la nación es una línea roja que pondría en peligro su legitimidad democrática.

En sus incendiarios discursos contra los “rojos”, el mandatario a menudo incluye organizaciones de derechos humanos y activistas ligados a la izquierda, acusados de ser “frentes legales” del NEP.

“Tras malgastar semanas con políticas ineficaces y militaristas, Duterte vuelve a usar a la izquierda como chivo expiatorio de su incompetencia para responder a la pandemia y pretende condicionar al pueblo en su ilusión ‘marcosiana’ de declarar a escala nacional la ley marcial”, lamentó Cristina Palabay, directora de Karapatan.

Karapatan es una red nacional de grupos de derecho humanos y activistas de izquierda, etiquetada por Duterte como “cómplice del NEP” y habitual blanco de sus críticas.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) también ha denunciado que “las autoridades filipinas están usando la cuarentena de pretexto para presentar cargos criminales contra opositores y activistas”, según su investigador en Filipinas, Carlos Conde.

SEDICIÓN Y “FAKE NEWS”

La organización documentó la detención de siete activistas en la provincia de Bulacan cuando repartían alimentos entre familias necesitadas “con los permisos pertinentes”. Tras hallar panfletos críticos con el gobierno en su vehículo, han sido acusados de “incitación a la sedición”.

Conde advierte de que ese cargo ya se usó antes contra activistas acusados de ser rebeldes comunistas, lo que “abre la puerta para que el gobierno active su aparato de contrainsurgencia en pandemia”.

En Cebú también estuvo detenida dos noches -sin orden de arresto ni acceso a abogado- la activista cultural y actriz Bambi Beltran por publicar en Facebook un supuesto “bulo” en el que acusaba a la alcaldesa de esa ciudad de ocultar el creciente número de casos de COVID-19.

La Oficina Nacional de Investigación ha citado a declarar a decenas de personas por presunta divulgación de “fake news” en redes sociales, cargo que no figura ni en el Código Penal ni en la jurisprudencia, pero sí en la ley aprobada de urgencia al inicio de la pandemia que otorga a Duterte “poderes especiales”.

Las autoridades han llegado a solicitar a Taiwán la deportación de una emigrante filipina para abrir un proceso contra ella en Filipinas por criticar la gestión de Duterte en Facebook.

“No se puede castigar el discurso, ni la libertad de expresión a menos que exista un peligro claro de que la declaración invite a una acción inminente al margen de la ley”, explicó Carpio.

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