Buenos Aires.- “Nos negamos a morir en la cárcel”. La bandera con el reclamo que flamea entre las chapas arrancadas del techo durante un motín este viernes en la prisión en Villa Devoto, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, refleja cómo la pandemia de COVID-19 se convirtió en la chispa que hace estallar la crisis del sistema carcelario de Argentina, con graves problemas de superpoblación y hacinamiento.

Hasta el momento solo ha sido confirmado un caso de coronavirus entre los presos y otros pocos en agentes penitenciarios en Argentina, pero tanto los internos como las autoridades temen que la pandemia desate una crisis sanitaria que pueda salirse de control.

La pandemia es hoy el argumento central para apurar los pedidos de prisión domiciliaria y excarcelación, beneficio al que accedieron con mayor velocidad personalidades de distintos ámbitos pero no tanto los presos comunes, a la vez que se convirtió en excusa para endurecer otros reclamos en un clima de enorme tensión en las cárceles de todo el país.

MOTÍN EN LA CAPITAL Y SEGUIDILLA DE REVUELTAS

La revuelta en la histórica cárcel de Villa Devoto, con decenas de presos rompiendo los techos del penal, armados con lanzas precarias y algunos con sofisticadas máscaras antigás, encendió la alarma porque está ubicada en el centro del poder nacional y expone al máximo la reacción oficial ante el accionar de parte de los 1.700 reclusos que alberga.

Tras toda una jornada de tensión, la situación se calmó en parte luego de la firma de un acuerdo entre las autoridades penitenciarias y líderes de los presos para debatir distintos temas, según el documento mostrado por medios locales, entre los que figuran compensaciones de las penas y posibles conmutaciones, que los informes médicos sean realizados por peritos forenses, y el tratamiento de métodos alternativos de cumplimiento de la pena, en especial de los grupos de riesgo y de quienes están cerca de completar su condena.

La resolución de la crisis en el complejo penitenciario en la capital argentina seguramente repercutirá en las cárceles del resto del país, donde en las últimas semanas ya se registraron otros violentos incidentes.

Los reclamos en los centros penitenciarios se endurecieron junto a la aparición del primer caso confirmado de COVID-19 en Argentina a principios de marzo y las primeras restricciones impuestas por el Gobierno.

Pocos días después de que se declarara el 20 de marzo la cuarentena obligatoria en la Argentina -que paralizó a la nación y prohibió las visitas a las prisiones- se registraron dos motines carcelarios en la provincia de Santa Fe (centro-este), el primero en el penal de Coronda, con el saldo de un muerto, y horas más tarde en el de Las Flores, que dejó cuatro fallecidos.

La provincia de Corrientes (este) también registró esta semana un motín que le costó la vida a un preso y heridas a otros 14.

LA ATENCIÓN PUESTA EN LAS CÁRCELES BONAERENSES

La tensión creció mientras tanto en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, las más pobladas del país con más de 45.000 presos pese a que solo cuentan con espacio para 26.000 personas y en las que más del 50 % de sus internos aún no cuentan con una sentencia firme.

El 19 de abril se confirmó el primer caso de coronavirus de un preso en el penal de la localidad bonaerense de Florencio Varela, que tres días más tarde fue el escenario de un violento motín que dejó un muerto y 40 heridos, en el que los presos reclamaron por las condiciones de hacinamiento en que viven y pidieron medidas de seguridad sanitaria y la agilización de los trámites judiciales.

La actuación de las fuerzas penitenciarias para calmar la protesta les costó el puesto a las autoridades de la prisión de Florencio Varela, luego de que se confirmó que el preso murió asesinado por disparos de balas de plomo y goma.

Con las cárceles del distrito convertidas en un polvorín a punto de estallar, cerca de 1.200 presos iniciaron una huelga de hambre en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia y las autoridades del Servicio Penitenciario Bonarense (SPB) abrieron mesas de negociación para atender los reclamos.

La cuarentena obligatoria que rige desde hace más de un mes en Argentina endureció las condiciones de encarcelamiento y se prohibieron las visitas para limitar el riesgo de transmisión del virus.

Pero el Tribunal de Casación Penal bonaerense habilitó a los presos del distrito a utilizar teléfonos celulares para comunicarse con sus familiares, en un fallo cuestionado por analistas que advirtieron que los móviles sirvieron para comunicar a los internos de distintos penales y organizar revueltas, difundir por la red de mensajería Whatsapp fotografías que revelaban distintas medidas de seguridad e incluso hacer llamadas amenazantes a otros ciudadanos.

JUSTICIA ADVIERTE DEL RIESGO DE UNA “MASACRE”

Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal planteó la necesidad de “despoblar la cárcel, liberando a la mayor cantidad de privados de la libertad” antes de que el “COVID-19 cause una masacre en la infraestructura precaria de los establecimientos y haya que lamentar el costo de innumerables vidas”.

La resolución, que dictamina a favor de la detención domiciliaria de una mujer trans, insta a liberar a “los inocentes, las madres al cuidado de hijos, los que purgan penas leves y los más vulnerables físicamente”, informaron fuentes judiciales.

Desde el inicio de la pandemia se aceleró el otorgamiento de la prisión domiciliaria a los reclusos que integran los grupos de riesgo y a las mujeres con hijos pequeños en las cárceles, pero no se atendieron todos los reclamos presentados.

“El proceso avanza lento. Se generó demasiada expectativa y ahora hay mucha frustración”, explicó a Efe una fuente del sector.

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