San Salvador.- El Salvador registró siete nuevos contagios locales de COVID-19 con lo que elevó el número de casos positivos a 225, sin que la cifra de fallecidos reporte alzas, informó este martes el Gobierno.
El sitio oficial del Ministerio de Salud da cuenta de 170 casos activos de COVID-19, de los que 122 se encuentran sin síntomas, 35 pacientes tienen pronóstico médico «estable», 5 «moderado», 6 «grave» y 2 «crítico».
Según el presidente del país, Nayib Bukele, 4 de esos nuevos casos son «nexos» con otras personas contagiadas y 3 se localizaron en centros de atención médica.
El Gobierno también señaló que 2 pacientes más se recuperaron para totalizar 48 y 262 personas salieron de cuarentena, con los que suman 3.450, y la cifra de fallecidos se mantuvo en 7.
La capital salvadoreña se ha convertido en el epicentro de contagios en el país con 23 casos, por delante de Soyapango con 9, Ilopango con 7 y Apopa con 6, que componen la zona más poblada de El Salvador.
Las autoridades de seguridad han detenido, por supuestamente saltarse la cuarentena domiciliar obligatoria, a 2.220 personas, pese a la prohibición de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El Salvador recibió el lunes más de dos millones de dosis de hidroxicloroquina, medicamento utilizado por las autoridades sanitarias del país para tratar el COVID-19.
También se lanzaron dos cabinas móviles para «la toma de muestras, con el fin de agilizar la identificación de casos positivos».
El país vivió una polémica en los últimos días a raíz del aislamiento de una localidad costera por 48 horas, acción que organizaciones humanitarias han catalogado de «estado de excepción» o «estado de sitio» sin que se cuente con autorización del Congreso.
Por otra parte, un grupo de ciudadanos pidió al Supremo declarar inconstitucional parte del decreto ejecutivo que da pie a la cuarentena nacional por supuestamente transgredir garantías constitucionales.
Se trata de tres literales que establecen la detención y confinamiento, la retención de vehículos y la obligación de que las personas permitan el ingreso a sus casas de delegados del Ministerio de Salud.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha registrado denuncias de algunos allanamientos de los miembros de la Policía y Ejército supuestamente amparados en la citada disposición.
