San Salvador.- El Salvador registró 17 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, y sumó 218 con la capital como epicentro de los contagios en el país centroamericano, según datos consultados este lunes.

Las cifras del Ministerio de Salud dan cuenta de que se mantienen 165 casos activos, de los que 117 pacientes no presentan síntomas, 33 tienen pronóstico médico “estable”, 6 “moderado”, 7 “grave” y 2 “crítico”.

De acuerdo con el presidente del país, Nayib Bukele, 15 de los nuevos casos son “nexos” con otros pacientes contagiados, mientras que 2 se localizaron en centros de asistencia médica.

La ciudad de San Salvador es el municipio que más casos registra desde el 18 de marzo, cuando se dio a conocer el primer contagio, con 23 afectados, le siguen las localidades de Soyapango con 8, Ilopango con 7 y Apopa con 6.

Estos municipios del departamento de San Salvador se encuentran entre los más poblados del país.

Los pacientes recuperados suman 46, mientras que 4.172 personas se mantienen en “centros de contención” y 3.118 han salido de los mismos tras superar una cuarentena de 30 días.

El país vivió una nueva polémica en los últimos días relacionada con el tratamiento a la pandemia a raíz del aislamiento de una localidad costera, acción que organizaciones humanitarias han catalogado de “estado de excepción” o “estado de sitio” sin que se cuente con autorización del Congreso.

Esta medida fue levantada la noche del domingo tras 48 horas de cierre, sin que las autoridades hayan dado detalles de las razones sanitarias que llevaron a establecer el cordón, el número de pruebas o casos sospechosos localizados.

La noche del viernes, Bukele ordenó establecer un “cordón sanitario” en la localidad costera de La Libertad tras difundirse un video en el que se observan a varias personas en una zona comercial supuestamente violando la cuarentena domiciliar obligatoria.

La zona fue controlada principalmente por militares y el fiscal general, Raúl Melara, visitó el lugar el sábado para conocer las razones y la legalidad de la medida.

La Fiscalía también abrió investigaciones por las supuestas violaciones a los derechos humanos de las personas confinadas por el Gobierno.

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