San Salvador,.- El Salvador amaneció este jueves a la puerta de una nueva crisis institucional tras el anunció del presidente Nayib Bukele de ignorar una sentencia de la Corte Suprema que ordena frenar las detenciones y confinamientos «forzosos» de quienes violen la cuarentena decretada ante la pandemia del COVID-19.
«No entiendo el deseo mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución. Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir», publicó Bukele en sus redes sociales.
Esta decisión del mandatario se convertiría en el segundo choque que tiene el Ejecutivo con otro órgano de Estado, el primero se dio el 9 de febrero pasado, cuando ingresó a la Asamblea Legislativa con soldados y policías armados con fusiles de asalto.
Recientemente, Bukele admitió que era una medida de «presión» contra ese órgano para obtener fondos para seguridad.
EL FALLO CONSTITUCIONAL
La publicación de Bukele fue en respuesta a una resolución de seguimiento de las medidas cautelares dictadas en un «hábeas corpus» del 26 de marzo y ratificadas el 8 de abril pasado por parte de la Sala de lo Constitucional del Supremo
Los jueces constitucionales prohibieron en dichas medidas a Bukele y a las autoridades de la Policía «privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria».
Esta orden estaría vigente mientras el Congreso, según el fallo, «no emita una ley formal en la que se establezca dicha medida».
No obstante, Bukele ordenó el 6 de abril endurecer los controles policiales y militares y continuó con estas detenciones, que suman a la fecha 2.108, según datos oficiales.
La Sala de lo Constitucional sostuvo que sus fallos «no son peticiones, solicitudes ni meras opiniones sujetas a la interpretación o valoración discrecional de las autoridades a quienes se dirigen, sino que se trata de órdenes de obligatorio e inmediato cumplimiento».
También advirtió que «las actuaciones públicas que contradigan» sus fallos «violan la Ley Primaria y deben generar, sin excepción, la responsabilidad correspondiente».
Además, los jueces del Supremo delegaron al procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas.
También mandaron a la Policía y al Ejército a elaborar un registro de las personas privadas de libertad por violación de la cuarentena domiciliar y las condiciones, motivos y responsables de su detención.
RECHAZO A OMBUDSMAN
«El chiste se cuenta solo» y «ninguna resolución está por encima del derecho constitucional, a la vida y la salud del pueblo salvadoreño», manifestó Bukele tras cuestionar el nombramiento de Tobar.
Después añadió que la cuarentena domiciliar obligatoria y la detención de personas que se salten la medida «siguen intactas».
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado al menos 102 denuncias contra las fuerzas de seguridad relacionadas con vulneraciones a la libertad e integridad,
También, según denunció Tobar, se informó de supuestos allanamientos ilegales en viviendas en los departamentos de San Salvador y Santa Ana (occidente) por elementos de elite.
EL FISCAL VIGILA
El fiscal general, Raúl Melara, anunció este jueves que el Ministerio Público «se mantendrá siempre como garante de la legalidad», sin hacer referencia directa al anuncio de Bukele.
«En todo Estado de derecho hay un sistema de frenos y contrapesos, al cual todos debemos someternos. La @SalaCnalSV (Sala de lo Constitucional) es parte de ese sistema y por ende, sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento», acotó.
Diversas organizaciones de derechos humanos también se manifestaron contra la decisión de Bukele.
«El desacatar una resolución emitida por la Corte implica una grave lesión a las instituciones en el país», dijo la directora de programas de la organización Cristosal, Celia Medrano.
La activista llamó al órgano Legislativo, la Fiscalía y a la Corte Suprema a «actuar de manera simultánea y drástica» ante la «amenaza de un desacato a la Constitución».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha sumado a los llamados a cumplir con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
Esta situación se da en medio de la lucha que libra el país contra el COVID-19 en momentos en los que diversos trabajadores de la salud, según medios locales, se han contagiado y sin que el Gobierno haya dado cuenta de esto, pese a las preguntas de la prensa.
Los trabajadores de salud también han sido objeto de discriminación por sus vecinos, de acuerdo con información de medios de comunicación nacionales.
Human Rights Watch advirtió que las declaraciones de Bukele sobre endurecer los controles «han promovido el uso excesivo de la fuerza» y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) incluyó a El Salvador entre los países en riesgo de restringir a los medios de comunicación durante la pandemia del COVID-19.
