Sergio Marín Lafuente
Montevideo, (EFE).- La privación de libertad es solo la primera de las condenas de las mujeres presas en las cárceles de Uruguay, pues la sociedad las castiga «doblemente» con desprecio y abandono por «haber roto con lo que se espera de ellas».
Ellas son las que tienen que seguir cuidando a sus familias, pero nadie las cuida a ellas y apenas reciben visitas en prisión, lo que hace «mucho más pesada» la pena, cuenta a Efe la directora de Género y Diversidad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Paula Lacaño, del cual dependen los penales uruguayos.
MÁS CASTIGO, MENOS VISITAS
Uruguay tenía casi 12.000 personas privadas de libertad a finales de marzo, de las cuales 644, un 5 %, eran mujeres, un dato tan bajo que «genera una invisibilidad de la mujer dentro de la cárcel», que sigue un modelo «androcéntrico, pensado para hombres», explica Lacaño, quien aclara, no obstante, que esa lógica es «de las cárceles de todo el mundo, no es un tema de Uruguay».
Las brechas de género existentes en la sociedad se reproducen en prisión y las mujeres son doblemente castigadas por ello.
«No es lo mismo ser varón delincuente que mujer delincuente. Hay un estigma mucho mayor hacia la mujer porque ha roto con muchos papeles que la sociedad le asigna de buena madre, buena esposa, buena vecina… «, subraya la directora de Género, departamento que nació en 2016 dentro del INR.
Ahora, afirma Lacaño, las mujeres acceden más al estudio y al trabajo industrial en los penales mixtos, donde antes «el espacio común era ocupado por varones» e incluso las mujeres quedaban relegadas a lugares más precarios, pues no eran tenidas en cuenta en la arquitectura del penal.
Además, subraya la experta en Género y Políticas Públicas, el estar privadas de libertad no exonera a las mujeres de seguir ocupándose de sus hijos, que a veces ingresan con ellas, o de su familia que quedó afuera.
La «doble condena» también se refleja en el bajo número de visitas que reciben, pues apenas el 14 % de las reclusas de la Unidad Nº 5 de Uruguay, el penal femenino más grande del país, fueron visitadas, mientras que la media de los varones es del 30 %, indica Lacaño.
«Uno va de visita a la cárcel de hombres y ve una larga cola de mujeres, que son madres, hermanas, primas, novias, esposas, etc., que les llevan alimentos, cigarros, artículos para la higiene… Esto no ocurre en la cárcel de mujeres, donde las visitas son realmente pocas», resalta a Efe la integrante del colectivo feminista Cotidiano Mujer Soledad Gónzalez.
EL DÍA DESPUÉS
El porcentaje de mujeres privadas de libertad en Uruguay, señala Lacaño, lleva tiempo estancado en torno al 5-7 %, cifra que asciende al 10 % en otros lugares de la región por el tráfico de drogas, delito para el que hay una «mano más dura» en otros países y en el que las mujeres, utilizadas para el transporte de la mercancía, son el «eslabón más débil».
En Uruguay, la droga es causa de pena para 3 de cada 10 mujeres, siendo los delitos contra la propiedad los más comunes (alrededor del 40 %).
Cumplida la condena, «el día después» para la mujer puede ser «muy difícil», pues a la complejidad que supone para cualquiera volver a tejer una red de vínculos y generar ingresos a ellas se les suma el plus de que tienen que recuperar a sus hijos, que muchas veces pasan a manos del Estado, apunta Lacaño.
LAS RECLUSAS, UN COLECTIVO DE RIESGO PARA EL COVID-19
Ventanas sin vidrios y celdas compartidas son un caldo de cultivo ideal para la expansión del coronavirus en las cárceles y, para evitarlo, la Mesa de Trabajo sobre Mujeres Privadas de Libertad de Uruguay pide la donación de frazadas (mantas) y kits de higiene.
El miedo de la Mesa, de la cual forman parte el INR y Cotidiano Mujer, entre otros, es que el patógeno SARS-CoV-2 entre en prisión y el COVID-19 se extienda no solo entre las reclusas, sino también entre quienes trabajan en las cárceles.
Muchas de las presas presentan un estado frágil y sufren de inmunodepresión, discapacidad, diabetes o VIH, admite González, patologías previas que pueden agravarse en caso de contraer el virus.
Jabón, champú, toallas higiénicas (compresas) o pañales son algunos de los artículos que piden para cubrir las necesidades de las mujeres presas en Uruguay.
«Hay un estigma hacia la población privada de libertad (…). Hasta que no te toca de cerca, es la más olvidada», asume Lacaño.
Sin embargo, agrega, la ciudadanía «está respondiendo» a la llamada de donaciones.
MEDIDAS QUE PROTEGEN DEL CONTAGIO PERO ACENTÚAN EL AISLAMIENTO
Para proteger a los reclusos y al personal penitenciario del coronavirus, el INR dispuso una serie de medidas, como limitar las actividades educativas en espacios cerrados a un máximo de cinco personas o restringir las visitas a una por persona y en turnos.
Estas restricciones tienen una «contracara» y es que «acentúan el aislamiento en el que viven estas personas y la soledad», lamenta González.
De esta manera, instituciones y organizaciones luchan por medio de higiene y educación para librar a las cárceles del coronavirus sin poner en peligro el combate contra otro enemigo: el machismo.
