El PRM señaló este miércoles que «funcionarios claves» de las citadas direcciones de la JCE, algunos de ellos «con vínculos primarios» con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostuvo, «deben responder ante tales hechos que, sin lugar a dudas, han tenido no solo un costo extraordinario para las finanzas públicas, sino para la credibilidad de la institucionalidad democrática».
En un comunicado, el partido confió en que el órgano electoral «adopte las medidas de lugar» de cara a las elecciones presidenciales y legislativas aplazadas al 5 de julio ante la imposibilidad de celebrarlas el 17 de mayo, como establece la Constitución, debido a la actual crisis generada por el coronavirus.
El PRM recordó en su nota que el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, asignado a la escolta del candidato presidencial, Luis Abinader, «fue injustamente implicado en hechos que jamás cometió» sobre el supuesto sabotaje a los comicios, al igual que al técnico de la compañía Claro, Manuel Antonio Regalado, quien fue arrestado.
«Afortunadamente todo queda desmentido, y queda, por tanto, la justicia como la vía para resarcir todo el daño ocasionado a gente injustamente implicada», señaló el partido opositor.
Por su lado, el PLD, a través de varios miembros de su comité político, exigió a la oposición un desagravio al Gobierno y a esa formación política por las acusaciones sobre el sabotaje electoral.
¿Y entonces, a quién le toca ahora desagraviar al PLD y resarcir todo el daño de la infamia montada por la oposición y que cobró, beneficiándose con creces, el pasado 15 de marzo», se preguntó el exministro de Educación Melanio Paredes, según un comunicado del partido oficial.
Por su lado, la diputada Miriam Cabral señaló, en la misma nota, que el PRM «debe pedir excusas al Gobierno, todos los sectores que acusaron al gobierno, también».
«Por fin llegó el informe: mentiras, infamias, agitación, protestas infiltradas, cuestionamientos al orden constitucional, al presidente Danilo Medina, que el PLD hizo fraude, que intervinieran los EEUU, ONU y la UE. ¿Quién pide disculpas? ¿Qué viene ahora?», agregó, por su lado, el exministro de Educación y de Interior y Policía Carlos Amarante Baret.
La auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y dada a conocer ayer descartó que se cometiera un fraude en las elecciones del 16 de febrero, que fueron suspendidas en plena votación por fallos de orden técnico.
«El equipo auditor no encontró evidencia de ataques externos, sabotaje o intento de fraude», señala el informe final de la auditoría, que fue divulgado ayer por la JCE.
El informe identificó 21 fallos de índole técnica, organizativa, de preparación y de control de los equipos del voto automatizado que se usaban por vez primera en el país, así como de desarrollo de estrategias para solucionar posibles errores.
El principal problema que ocurrió en el día de las elecciones fue que las máquinas de votación no mostraban en la pantalla a todos los candidatos, lo que la OEA atribuyó a fallos técnicos.
Estos problemas no fueron detectados debido a que no se realizó una prueba «adecuada» del software ni un control de calidad previo, apunta el informe.
También se produjeron sucesivos problemas en las redes de comunicación, lo que el informe atribuye a que no se hicieron controles previos ni se solicitó soporte al proveedor de servicios de redes.EFE
