Manila.- Apilados en celdas insalubres y sin apenas ventilación, unos 215.000 presos conviven en la cárceles de Filipinas -las más congestionadas del mundo-, expuestos a enfermedades contagiosas y vulnerables a que la COVID-19 traspase los muros de las prisiones.

El ratio de congestión de las prisiones filipinas supera el 500%, por lo que el riesgo de propagación del nuevo coronavirus es extremadamente alto, una catástrofe anunciada ante la imposibilidad de mantener la distancia social requerida para frenar la pandemia.

Por ello diversas organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Filipinas llevan semanas exigiendo al gobierno de Rodrigo Duterte que libere “por razones humanitarias” a presos por delitos menores, por motivos políticos, de salud delicada o edad avanzada.

“No actuar ahora podría resultar en un brote grave en las cárceles del país, amenazando la vida de los prisioneros cuya salud las autoridades deben proteger”, alertó esta semana el subdirector de Human Rights Watch (HRW) en Asia, Phil Robertson.

A nivel global, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado el mes pasado a los gobiernos del mundo para liberar presos “detenidos sin una base legal suficiente” para aliviar las cárceles en plena pandemia.

Otros países de la región, como Indonesia, India, Pakistán, Afganistán, Irán o Turquía, y del resto del mundo, como Etiopía, Sudán, Marruecos, Alemania, Canadá o EEUU, han atendido al llamamiento de Bachelet, mientras el gobierno filipino hace oídos sordos.

Según el ministro de Interior, Eduardo Año, las prisiones filipinas -que suspendieron las visitas a principio de marzo- “son seguras y 100% libres de COVID-19”.

AISLAR A LOS ENFERMOS

El hacinamiento en las cárceles no es un problema nuevo en Filipinas, pero la guerra contra las drogas abanderada por Duterte en 2016 -con más de 200.000 detenidos en los primeros tres años y medio- ha empeorado la situación.

“La distancia social es un lujo inalcanzable entre rejas. La congestión y la falta de servicios médicos implica que las enfermedades infecciosas como la COVID-19 se expanden a toda velocidad en estas prisiones”, afirmó a EFE Mitsuyoshi Morita, doctor especializado en centros de detención de la delegación filipina del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Aunque no se ha confirmado ningún caso de COVID-19 en prisión, el pasado 25 de marzo falleció un preso en la cárcel de Quezon, al norte de Manila, con síntomas similares a los de COVID-19, lo que obligó a poner este miércoles en aislamiento a 17 reclusos que estuvieron el contacto con él.

“El aislamiento y las pruebas de diagnóstico son la clave para evitar la propagación”, insistió Morita, que recomendó seguir el ejemplo del programa contra la tuberculosis en las prisiones filipinas, con una incidencia un 100% superior que en el exterior.

El CICR ha ayudado a habilitar esa instalación con 48 camas y equipamiento médico básico fuera del penal de Quezon para aislar casos sospechosos de COVID-19. Están en proceso otros tres centros de aislamiento para presos por todo el país.

Según informes médicos que salieron a la luz hace unos meses, solo en el penal de alta seguridad New Bilibid, al sur de Manila, unos 5.200 presos -el 20% del total- mueren cada año por culpa de enfermedades contagiosas, principalmente tuberculosis.

En Filipinas hay dos instituciones que regulan los centros de internamiento: la Oficina de Gestión y Penología (BJMP, en inglés), que gestiona 476 cárceles con unos 165.000 prisioneros pendientes de sentencia que sobrepasan en un 534 % su capacidad; y la Oficina de Correccionales (BuCor), que alberga unos 50.000 presos condenados en 125 centros al 310 % su capacidad.

A la luz de estos datos oficiales, validados por el CICR, más del 75 % de la población penal de Filipinas está en prisión preventiva a la espera de condena firme. Son presos expuestos a enfermedades contagiosas sin haber sido declarados culpables.

PRISIONEROS POLÍTICOS

En ese porcentaje se incluyen 609 presos políticos “injustamente detenidos”, de los que 47 son ancianos y 63 están enfermos, denunciaron Kapatid, grupo que aboga por los derechos de prisioneros de conciencia del país, y la Organización Mundial Contra la Tortura, con sede en Ginebra.

“Todos sabemos cuán abarrotadas están las cárceles, los presos duermen casi uno encima del otro. No hay espacio para cumplir la cuarentena”, subrayó Fides Lim, portavoz de Kapatid.

Lim -esposa de un preso político que ha integrado la plataforma de izquierda que negocia la paz en nombre de la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP)- presentó ayer ante el Tribunal Supremo una petición firmada por 22 prisioneros de conciencia, la mayoría activistas de izquierda y líderes sociales, para pedir su liberación bajo fianza.

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