Madrid.- España confirma poco a poco el objetivo de consolidar esta semana la desaceleración de la epidemia de COVID-19, según el Gobierno, aunque el número oficial de víctimas es cuestionado por quienes sospechan que las defunciones son muchas más.
Los partidos de oposición PP (conservador) y Vox (extrema derecha) piden conocer las «cifras reales» de fallecidos, pero el Ejecutivo defiende que los datos que registran las autoridades regionales son «fiables», si bien puede haber algún posible «desfase» momentáneo de información en algún territorio concreto.
«La definición de caso (de coronavirus) que tenemos en España es de las más exigentes que hay en toda Europa, y toda persona que da un diagnostico positivo y fallece es considerada un fallecido por coronavirus», y las regiones facilitan los datos «confome» a ello, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que este lunes informará al Congreso sobre la evolución de la epidemia.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia comenzó a recopilar diariamente el número de defunciones inscritas en todos los registros civiles y las licencias de enterramientos para contar con información «objetiva y veraz» sobre el número de muertes, en una situación de crematorios, funerarias y depósitos de cadáveres desbordados.
Las autoridades sanitarias esperan que la curva de contagios y muertes a causa de la COVID-19 prosiga este miércoles su curso descendente, tras el aumento «ligrerísimo» del martes, atribuido a los habituales retrasos en las notificaciones del fin de semana.
En el plazo de una semana, el incremento diario de casos confirmados se redujo siete puntos, al pasar del 11 al 4 %, lo que confirma la ralentización a juicio del ministro Illa.
El número de infectados sobrepasa los 140.500, el de muertos roza los 13.800 y el de curados supera los 43.200, que son más del 30 % de todos los casos notificados.
Al mismo tiempo, se observa una «cierta bajada» paulatina en la presión que soportan las urgencias y los cuidados intensivos hospitalarios, lo que alejaría el temido riesgo de colapso sanitario.
En esta situación, el Ejecutivo opta por ser cauteloso sobre cuándo y cómo será transición hacia el final del confinamiento de la población, siempre de manera paulatina, «ordenada y segura», y se remite a la evolución de la epidemia y las evidencias técnicas y científicas para las decisiones que se acuerden en cada momento.
El Gobierno ha solicitado al Congreso prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril (fue declarado el 14 de marzo) para afianzar la contención de la epidemia.
Las actividades económicas no esenciales se reanudarán el lunes próximo, tras quedar paralizadas desde el 30 de marzo para reforzar la contención de los contagios.
