Washington.- El decreto emitido por el Gobierno de Bolivia para evitar la expansión de COVID-19 amenaza la libertad de expresión, al permitir a las autoridades procesar penalmente a quienes critiquen las políticas públicas, denunció este martes el grupo Human Rights Watch (HRW).
En un comunicado, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, aseguró que «el Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión».
HRW recuerda que el 25 de marzo pasado la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, emitió un decreto que ampliaba las medidas de cuarentena para impedir la propagación del coronavirus.
Uno de sus artículos estipula que las «personas que inciten al incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública».
Según HRW, funcionarios de alto rango del país han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por «desinformar».
La ONG lamentó que el texto del decreto no precise el tipo de declaraciones o acciones que podrían considerarse como «desinformación» o como actos que «generen incertidumbre a la población».
A su juicio, este lenguaje ambiguo, sin una clara definición legal, podría dar lugar a abusos para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de expresión.
Por ello, la organización exigió que el Gobierno debería derogar de inmediato esa disposición del decreto, que, destacó, atenta gravemente contra la libertad de expresión e instó a los legisladores, la Defensoría del Pueblo y las autoridades de entidades territoriales autónomas a actuar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
HRW citó la instrucción dada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a las fuerzas del orden de llevar a cabo «ciberpatrullaje» por internet para identificar a quienes «desinforman» al público sobre el coronavirus.
Cuando anunció esa orden, Murillo mencionó específicamente al rival político de Áñez, Luis Arce, que encabezaba las encuestas realizadas a principios de este año para los comicios presidenciales, programados inicialmente para mayo, y que fueron pospuestos a una fecha por determinar entre el 7 de junio y el 6 de septiembre por la pandemia.
Además, el pasado 23 de marzo, el director del organismo gubernamental Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, acusó a «la gente del MAS» (Movimiento al Socialismo), el partido político al que pertenecen Arce y el expresidente Evo Morales, de promover «desinformación» sobre el COVID-19.
Días más tarde, el titular de Obras Públicas, Iván Arias, advirtió a quienes publiquen «información falsa» en las redes sociales que irían a la cárcel 10 años y que serían llevados a hospitales a cuidar de pacientes infectados con el coronavirus.
Pese a estas amenazas, HRW afirmó que no tiene conocimiento de que el Gobierno haya invocado expresamente el decreto para procesar a alguna persona por el ejercicio de su libertad de expresión.
