Lisboa.- Portugal suma hasta este lunes 311 víctimas mortales y 11.730 personas contagiadas por Covid-19, un 4 % más que ayer, cifra que confirma una desaceleración en la curva de la expansión del virus en el país.

En total hay 1.100 internados en los hospitales portugueses, de los que 270 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Las autoridades sanitarias lusas apuestan por el aislamiento y los test masivos para frenar la propagación de la enfermedad.

En el país se han realizado 110.000 test de diagnóstico desde el pasado 1 de marzo, según anunció hoy el secretario de Estado de Salud, António Sales, que detalló que el 54% fueron en laboratorios públicos y el 46% restante en centros privados.

Según Sales, Portugal tiene capacidad para testar 10.500 muestras por cada millón de habitantes, uno de los ratios más altos de Europa.

Otra de las prioridades del Gobierno luso es controlar a expansión del virus en las residencias de ancianos, ya que la tasa de mortalidad del Covid-19 en el país alcanza el 10,5 % en los mayores de 70 años.

La situación es especialmente preocupante en la región Norte, la más golpeada por los contagios, donde se buscan voluntarios para ayudar en este tipo de instituciones.

También los sindicatos médicos se quejan del aumento de positivos entre los profesionales sanitarios y las fuerzas de seguridad anunciaron hoy que tienen más de cien agentes infectados y 500 en cuarentena en la Policía y la Guardia Nacional.

El Ejecutivo del socialista António Costa ha anunciado que reforzará sus equipos sanitarios con la compra de un millar de respiradores, que se sumarán a los 1.500 que ya hay en el país.

Portugal, que acaba de renovar el estado de emergencia con medidas más restrictivas, ha blindado los desplazamientos de todos sus ciudadanos en el período de Pascua, ha intensificado los controles en carreteras y ha prohibido las reuniones de más de cinco personas.

Durante la última semana, más de medio millón de trabajadores se han visto afectados por expedientes de regulación de empleo temporales a los que se han acogido casi 32.000 empresas, según datos del Ministerio de Trabajo luso.

Este régimen, que permite reducir el horario de trabajo o suspender el contrato, supone una rebaja del salario de los trabajadores a dos tercios del total.

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