Managua,- El Gobierno de Nicaragua, que hasta ahora no ha puesto restricciones para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, prohibió la instalación de centros de prevención de COVID-19, aseguró este lunes la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Las autoridades nicaragüenses prohibieron el establecimiento de seis centros de prevención de COVID-19 y un centro de llamadas, para informar, orientar, y atender a la población del norte de Nicaragua, promovidos por el obispo Rolando Álvarez y un grupo de médicos, según el movimiento opositor.
Álvarez había anunciado su proyecto la tarde de ayer en un contexto de incertidumbre, ya que las autoridades, que únicamente han confirmado seis casos de COVID-19, incluyendo una muerte, brindan información escasa y confusa sobre la pandemia, pero además, se niegan a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Los especialistas señalan que (…) es primordial establecer redes solidarias comunitarias, precisamente lo que monseñor Álvarez está realizando para hacerle frente al virus, reducir los contagios y salvar valiosas vidas. Ninguna autoridad puede pasar por encima del juramento hipocrático de los médicos”, destacó la Alianza.
Según Álvarez, al menos 30 médicos están dispuestos a cooperar para prevenir o mitigar el COVID-19, cuando las autoridades levanten el veto. “Quiero dejar constancia ante el pueblo que nosotros como Diócesis quisimos trabajar por la salud de nuestro pueblo y no nos han permitido”, escribió en sus redes sociales.
DENUNCIAS PÚBLICAS
“Hacemos pública a la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional, la irresponsable actitud del régimen, que lejos de promover las recomendaciones de los organismos internacionales, más bien se ha encargado de hacer lo contrario”, insistió la Alianza.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) declaró que “prohibir la instalación de este centro de prevención es un atentado directo al derecho a la salud y a la vida, es un acto verdaderamente irracional y de desgobierno ante el cual deben de actuar los organismos Internacionales y Estados solidarios”.
La misión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Nicaragua ha recibido críticas por aprobar las decisiones del Gobierno, que incluso le ha obligado a retractarse de informar de casos que no reconoce como COVID-19.
Las acciones gubernamentales han llevado a los nicaragüenses a tomar medidas de prevención por su cuenta y solidaridad, haciendo caso omiso a las autoridades.
Las medidas incluyen el distanciamiento social, pese a que el Gobierno del presidente Daniel Ortega promueve eventos multitudinarios, que son frecuentados por los militantes sandinistas, quienes luego son enviados a realizar visitas casa por casa, para «educar» sobre la pandemia.
“Instamos a la sociedad nicaragüense, que a pesar de estas prohibiciones, siga de manera auto convocada haciendo caso a las recomendaciones de distanciamiento físico e higiene para poder reducir la curva de contagio y así salvar vidas humanas”, agregó.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018 que ha dejado cientos de muertos, presos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
