Bangkok.- El conflicto entre el Ejército de Birmania y la guerrilla del Ejército de Arakán (AA) en el oeste del país se ha recrudecido en las últimas semanas, a pesar del llamamiento a finales de marzo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de una tregua mundial para combatir la pandemia de coronavirus.
A la petición de Guterres se han unido varias organizaciones civiles birmanas y el miércoles un grupo de diplomáticos extranjeros -entre ellos los de la UE, España, Reino Unido, Alemania o Francia- emitieron un comunicado en el que también pedían el cese de las hostilidades para combatir el coronavirus.
Por el momento sólo se han detectado 20 casos de contagio, aunque el número de pruebas realizadas es mínimo en un país con un sistema sanitario sumamente precario, y el Gobierno ha tomado medidas extremas como prohibir la entrada de vuelos comerciales. Pero cada día se producen enfrentamientos en el norte del estado de Arakan (Rakáin) y el sur del colindante Chin.
UN CONFLICTO OCULTO
No se conoce con exactitud las cifras de víctimas mortales o de heridos por un conflicto apenas visible, que se recrudeció a partir de enero del año pasado, pero éste ya ha desplazado de sus casas a más de 60.000 personas tanto en el norte de Arakán como en el sur del estado Chin y todo parece indicar que la guerra es cada vez más violenta.
«El Ejército birmano está perdiendo terreno ante el AA y, en su frustración, están empleando métodos cada vez más brutales. Parece que al Ejército cada vez le preocupan menos las bajas civiles y a veces bombardea pueblos enteros», señaló a Efe este jueves un funcionario de la ONU radicado en Sittwe (capital de Arakan), que pidió mantenerse en el anonimato.
«El Tatmadaw (Ejército birmano) parece estar usando la COVID-19 como una oportunidad para perpetrar más abusos mientras el mundo está distraído», concluyó.
APAGÓN INFORMATIVO
El Gobierno impuso un bloqueo de internet el pasado 5 de febrero en la remota región donde se está librando la guerra, después de haberlo levantado meses antes, y las agencias de ayuda humanitaria tienen restringida su libertad de movimientos, por lo que existe poca información sobre lo que sucede sobre el terreno.
Además, las autoridades birmanas detuvieron esta semana a dos periodistas locales por haber entrevistado a miembros del AA, al aplicarles la ley antiterrorista.
Uno de ellos es el director de la revista Voice of Myanmar, Nay Myo Lin, que fue arrestado el lunes la ciudad central de Mandalay por haber entrevistado a un portavoz del AA; mientras que el otro es el director del portal Narinjara, especializado en noticias de Arakán, detenido el martes en la capital del estado.
Para acentuar el apagón informativo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ordenó a los operadores de telefonía móvil que bloqueasen el acceso a 221 páginas web, según un comunicado emitido el lunes por la compañía Telenor.
DESIGNACIÓN DEL AA COMO ORGANIZACIÓN TERRORISTA
Las detenciones de periodistas y el bloqueo de páginas web se han producido después de que el pasado 23 de marzo el Gobierno designara al AA como una «organización terrorista».
El AA fue creado en 2009 por un grupo de estudiantes de la etnia Rakáin, predominantemente budista y mayoritaria en Arakan, para luchar por la autonomía del estado, como tantos otros grupos armados que representan a minorías étnicas del país, muchos de los cuales llevan luchando contra el Gobierno central desde la independencia de Birmania en 1948, algunos de los cuales son aliados del AA.
«La designación oficial del AA como organización terrorista no proporciona a las autoridades muchos poderes legales adicionales y probablemente su intención estigmatizar al grupo y sus líderes … Todo ello sugiere que la posibilidad de un alto el fuego negociado o una solución política están más lejanas que nunca», señaló a Efe Richard Horsey, un analista radicado en Birmania.
Sólo otro grupo de las decenas que operan en Birmania está actualmente clasificado como terrorista por el Gobierno: el Ejército Rohingya de Salvación de Arakán (ARSA), que se alzó en armas para luchar por los derechos de la minoría predominantemente musulmana rohinyá, a los que las autoridades niegan la ciudadanía y califican como «inmigrantes bengalíes».
Después de una serie de ataques de ARSA en agosto de 2017 en el norte de Arakán, el Ejército birmano lanzó una brutal campaña militar tras la que la mayoría de la población rohinyá, más de 730.000, huyó a la vecina Bangladesh, por la que los militares y el Gobierno se enfrentan a una acusación de genocidio en la Corte Internacional del Justicia (CIJ) en La Haya.
