Buenos Aires.- Si la situación en las cárceles superpobladas de Argentina era delicada, la amenaza del coronavirus las convierte ahora en una olla a presión en un país casi paralizado por la cuarentena obligatoria.

Los motines y las protestas de los últimos días, que dejaron cinco muertos en la provincia de Santa Fe (centro-norte), sacan a la luz la tensión reinante por el temor a que la pandemia de COVID-19 ponga un pie en los penales y agrave las condiciones de hacinamiento que se registran en algunos de ellos.

En las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos también se registraron momentos críticos aunque no llegaron a mayores.

ASISTENCIA SANITARIA, PSICOLÓGICA Y MEDIACIÓN

El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) es el más grande de Argentina, al contar con 45.500 presos y 23.500 agentes en 57 unidades y alcaldías.

En un principio, los internos tomaron la determinación de no recibir visitas para evitar contagios, aunque se permitía que familiares pudieran acercarles elementos de aseo, alimentos, ropa limpia y correspondencia, pero “la cuarentena hizo que los familiares no pudieran moverse y eso provocó picos de tensión en las unidades de Florencio Varela y Batán”, revelaron a Efe fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

“Hasta ahora esto está acotado, luego de que se tomaron medidas para prevenir por un lado la salud y, por otro, la situación de ansiedad entre los internos”, señalaron.

Contrarreloj, las autoridades crearon una mesa de contención psicológica y otra de mediación en la que participan médicos, abogados y organismos de derechos humanos, entre otros, para “prevenir situaciones que pudieran llegar a ser conflictivas”, según informaron las fuentes penitenciarias.

Además, se decidió impulsar una “comunicación más proactiva” entre el servicio de salud y los internos y se autorizó a que familiares de los presos puedan acercar los insumos que necesiten siempre que tramiten la correspondiente autorización oficial.

PROTOCOLO PARA PRESOS

En tanto, el Servicio Penitenciario Federal decidió suspender las salidas transitorias y los regímenes de semilibertad de detenidos que habían sido requeridas por cinco jueces federales y que afectan a unos 200 reclusos.

La Defensoría General de la Nación urgió además al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la adopción “con carácter urgente, de un protocolo específico para la prevención y protección del coronavirus en contexto de encierro”.

PRISIÓN DOMICILIARIA PARA EVITAR CONTAGIOS

Con el avance de la pandemia de coronavirus en Argentina, que hasta el miércoles registraba 502 casos confirmados y ocho muertos, se multiplicaron los pedidos de personas en privación de la libertad para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

Uno de los casos más emblemáticos es la solicitud que hizo el empresario Lázaro Báez, que tuvo estrechos vínculos con la familia Kirchner y está en prisión preventiva por supuesto lavado de dinero, quien solicitó el beneficio de prisión domiciliaria por considerarse un paciente de riesgo.

El exvicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Fernández (2011-2015), Amado Boudou, reclamó por su parte a la Corte Suprema de Justicia que dé pronto tratamiento a su pedido de excarcelación ante el avance de la pandemia de coronavirus.

Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa vinculada con la empresa gráfica Ciccone, la principal imprenta de papel moneda de argentina.

Por otro lado, más de medio centenar de ex represores de la última dictadura cívico militar, que gobernó entre 1976 y 1983 la Argentina, solicitó la prisión domiciliaria de la pandemia, entre ellos el ex jefe de investigaciones de la Policía de Buenos Aires Miguel Etchecolatz, a quien le fue denegada.

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