Miami.- El alguacil del condado floridano de Hillsborough, Chad Chronister, anunció este jueves que pondrá en libertad a 164 presos por delitos menores y no violentos para reducir el riesgo de propagación del coronavirus en las cárceles.
Chronister aseguró en una rueda de prensa que los presos en las cárceles del condado que serán excarcelados no representan una amenaza para la sociedad y si reinciden, volverán a ser detenidos.
El alguacil indicó que tomó esta decisión para ayudar a prevenir el contagio del coronavirus (COVID-19) en las cárceles y proteger tanto los guardianes como a los reclusos.
Según dijo, hasta ahora no se han registrado casos de la enfermedad respiratoria en las dos cárceles del condado, donde están recluidas unas 2.700 personas.
«Estos presos están en el punto más bajo de la escala de riesgo de la seguridad publica y simplemente están en la cárcel porque no pudieron pagar las fianzas para estar afuera», subrayó.
El alguacil mostró su esperanza de que los que van a ser excarcelados aprovechen la oportunidad para estar con sus seres queridos y les ayuden a prepararse para una cuarentena juntos.
Chronister anunció el martes otra medida relacionada con el coronavirus que ha causado impacto en un condado cuya mayor ciudad es Tampa, con una población de unos 400.000 habitantes y un área metropolitana de unos 3,5 millones.
A partir de ahora y hasta el 29 de abril, los alguaciles no ejecutarán las órdenes de desahucio de personas por no pagar la renta o la hipoteca de los lugares donde residen.
En Florida, según el último boletín oficial, los casos de coronavirus han subido a 328, 122 más que en el anterior boletín, y ha habido ocho muertes por esa enfermedad.
El «Estado del Sol» tiene el tercer sistema penitenciario más grande del país, con más de 95.00 personas encarceladas y otras 115.000 con algún tipo de supervisión comunitaria.
Diversas organizaciones han alertado sobre la situación en las cárceles estadounidenses en esta pandemia.
La organización de fiscales Fair and Just Prosecution emitió un comunicado esta semana para llamar la atención sobre el riesgo en el que se encuentran los 2,3 millones de adultos y menores que están tras las rejas en este país, incluyendo los que están en centros de detención de inmigrantes.
A juicio de estos fiscales en cargos electivos si se produjera un brote de coronavirus en las cárceles y centros de detención no solo se propagaría rápidamente sino que sería «potencialmente catastrófico».
Los fiscales reclamaron que se respeten los derechos y necesidades de todos los privados de libertad sin importar su origen o raza.
