Recife (Brasil), (EFE).- El número de asesinatos en el estado brasileño de Ceará (nordeste), que vive una fuerte ola de inseguridad en medio de una huelga policial, aumentó un 138 % en febrero en comparación con el mismo período de 2019, según informaron este sábado fuentes oficiales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Ceará contabilizó entre el 1 y el 25 de febrero, último día con datos oficiales diarios, un total de 364 muertes violentas, cifra que supera los 153 asesinatos registrados en los primeros 25 días del segundo mes del año pasado.

Este sábado, los diputados regionales de la Asamblea Legislativa de Ceará realizaron una sesión extraordinaria para encaminar al plenario una Enmienda Constitucional para prohibir que los policías amotinados y en huelga reciban una amnistía y que deberá ser votada el lunes.

El viernes, el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro decidió prorrogar hasta el próximo 6 de marzo la presencia del Ejército en las ciudades del estado.

La paralización de una buena parte de los agentes de la Policía Militarizada en ese estado del noreste del país comenzó a mediados de febrero y desde entonces se han disparado los asesinatos y registrado numerosos incidentes violentos.

Bolsonaro había autorizado que las Fuerzas Armadas reforzarán la vigilancia en las calles el pasado día 20 pero solo hasta el 28 de febrero, aunque decidió prorrogarla ya que la protesta de los policías, que reclaman mejoras salariales y respuesta a otras demandas, aún no cesa.

La violencia que se desató después del inicio de la huelga ha mermado gradualmente después del 25 de febrero con la presencia de los soldados del Ejército y también de la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo de élite que también ha enviado unos 300 agentes a Ceará.

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La inseguridad alcanzó su pico el pasado día 21, cuando en solo 24 horas se registraron 37 asesinatos, frente a una media que no supera las diez muertes por día en incidentes violentos. Se calcula que entre el 19 y 25 de febrero, en los primeros siete días de huelga, se presentaron 198 muertes violentas.

El paro de los policías militarizados, responsables de patrullar las calles y que tienen prohibido por ley declararse en huelga por su estatus castrense, también ha llevado a las autoridades de Ceará a reforzar esas tareas con miembros de otros cuerpos de seguridad.

Uno de los momentos de mayor tensión a causa de la huelga ocurrió hace diez días, cuando el senador laborista Cid Gomes recibió dos disparos en el pecho en la ciudad de Sobral, en el interior del estado.

El parlamentario, del Partido Democrático Laborista (PDT), fue tiroteado mientras conducía una retroexcavadora, con la que intentó romper un bloqueo realizado por supuestos agentes encapuchados a las puertas de un batallón policial.

Gomes recibió el alta cinco días después, pese a que los exámenes confirmaron la existencia de dos proyectiles en el interior de su cuerpo, uno al lado de una costilla y otro fragmento en el pulmón izquierdo, que los médicos han decidido no retirar por el momento.

Brasil ya vivió un episodio similar en 2017, cuando los policías militarizados del estado de Espírito Santo (sudeste) estuvieron en huelga durante 21 días, igualmente para demandar mejores condiciones labores y un aumento salarial.

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