San Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes que vetó la polémica ley de reconciliación nacional que es rechazada por las víctimas de la guerra civil (1980-1992), ONG que les apoyan y organismos internacionales, y la cual es catalogada como una «amnistía disfrazada».
La Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada el miércoles en una sesión plenaria extraordinaria y fue avalada por 44 diputados, de 58 presentes. Trece parlamentarios votaron en contra y uno se abstuvo.
«La vetamos por inconstitucionalidad. La ley tiene varios vacíos legales muy fuertes, uno de ellos es el articulo 67 que básicamente dice que es una ley de amnistía», dijo el mandatario en una conferencia de prensa.
El artículo 67 señala que «el juez podrá reducir a la cuarta parte la totalidad de las penas a imponer, previo haber escuchado a las víctimas y si la persona cumple con los siguientes requisitos: reconozca expresamente su grado de participación en un hecho, pida perdón, colabore con el esclarecimiento de hechos y ayude a ubicar el paradero de víctimas».
Bukele señaló que la normativa es «un fraude, porque no es una ley de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional, es una simple y llana ley de amnistía».
La nueva ley no contempla penas de prisión para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y deja abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar casos en los que se aplicará.
«Es una ley tan asquerosa como la anterior (la de amnistía de 1993), pero le han querido poner una gragea de chocolate y le pusieron nombre bonito», apuntó.
El mandatario subrayó que la ley «no es solo inconstitucional, sino que viola diversos convenios de los cuales El Salvador es firmante y viola, además, los derechos fundamentales de las víctimas y es una burla e infamia ente el pueblo salvadoreño».
Tras el veto de Bukele, la normativa volverá a la Asamblea Legislativa para que se realice una nueva votación para superar el veto, lo que requiere los votos de 56 parlamentarios.
En 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes de guerra y ordenaron al órgano Legislativo crear una normativa que garantice el acceso a la Justicia a las víctimas.
Entre 1980 y 1992, el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se enfrentó al Ejército de El Salvador, financiado por los Estados Unidos, en un conflicto que dejó en 12 años 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
