Madrid, (EFE).- La ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales está generando “discrepancias” en el seno del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, un proyecto que está terminado pero aún no ha recibido la conformidad del Ministerio de Justicia.

“En el Ejecutivo hay discrepancias por la ley de libertad sexual, uno de los compromisos del acuerdo del Gobierno, expresamente reflejado en el pacto que se presentó”, han subrayado a Efe fuentes de la negociación.

Esta ley integral, recogida en el acuerdo de Gobierno de coalición, incluiría la reforma del Código Penal para que el consentimiento sea la clave en la tipificación de los delitos sexuales (que sólo sí sea sí), como establece el Convenio de Estambul.

Un debate que ha coincidido con la intención expresada por el Gobierno de acometer una reforma amplia del Código Penal, que incluiría una revisión del delito de sedición.

Las mismas fuentes de la negociación han precisado que el Gobierno había acordado iniciar su tramitación antes del 8 de marzo y que, terminado el texto “hace días”, “lo único que falta para que se empiece a tramitar y llegue a tiempo es que el ministro de Justicia -Juan Carlos Campo- dé el ok”.

Han destacado que Igualdad espera el respaldo de Justicia desde hace semanas y que el ministro “se niega a hacerlo alegando generalidades de procedimiento, sin concretar”.

Sin embargo, fuentes de Justicia han asegurado que “no hay ningún tipo de bloqueo” y que están colaborando “de buena fe” con Igualdad para tener “el mejor texto posible”.

“Todo el mundo tiene que hacer sus aportaciones. Estamos cooperando, es una ley importante y estamos actuando como siempre, haciendo nuestras aportaciones. Es una ley orgánica que afecta a derechos fundamentales sobre un asunto que nos importa muchísimo, como a todo el Gobierno”, han incidido desde Justicia.

Unidas Podemos ha trasladado al PSOE su malestar en la reunión de coordinación del pacto de Gobierno que se ha celebrado este mediodía en el Congreso, a la que han acudido con vocación de alcanzar un acuerdo que permita llevar la legislación al Consejo de Ministros antes del 8 de marzo.

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