Con relación al debate generado en torno a la comunicación interna del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, mediante la cual se indica autorización para inicio de proceso por un valor de 380 millones de pesos para la adquisición de electrodomésticos, enseres del hogar para donar y para uso interno de la institución, conviene tomar en consideración los aspectos normativos de la ley de régimen electoral.
Es preciso indicar que la prohibición expresa en cuanto a la publicidad de los actos de gobierno, contenida en la ley 15-19 sobre régimen electoral, se establece a los estrictos fines de evitar que se promueva directa o indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos de elección popular; esto responde a la necesidad de garantizar el principio de equidad en el marco de los procesos eleccionarios.
Sin embargo, los párrafos II y IV del artículo 196 de la ley, los cuales hacen referencia de manera particular a los programas de asistencia social y ayuda comunitaria, establecen que estos están exentos de la prohibición de que se trata, siempre y cuando estén contemplados en la planificación regular y se desarrollen de conformidad a esta sin que medie aumento ni de los beneficiarios ni de los montos asignados a estos.
De conformidad a lo anterior, se indica que de tratarse de programas de apoyo social o comunitario extraordinarios, tanto el gobierno central como las alcaldías deberán abstenerse durante los cuarenta días que precedan los comicios municipales y, de igual forma, sesenta días antes de la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales.
De las indicadas disposiciones normativas se colige que el régimen electoral permite la realización continua de los programas de asistencia social y ayuda comunitaria por ser consideradas actividades con carácter habitual[1] que están vinculadas al funcionamiento normal de los servicios públicos que tienen encomendados o que resultan imprescindibles para la salvaguarda del interés público tutelado a través de su gestión ordinaria; proponiéndose restricción únicamente de tratarse de dotaciones de carácter extraordinario.
En este sentido, es preciso indicar que, si bien la ley lo que expresa es una prohibición en periodo eleccionario solo para actuaciones extraordinarias, esto es fuera de la planificación regular de la institución y/o que no resulten de la habitualidad del servicio público, desde la administración pública debe considerarse que, dada la dualidad política-ejecutiva de la naturaleza de la acción gubernamental, debe imperar un mensaje de prudencia y razonabilidad desde el gobierno de cara a la proximidad de una contienda electoral con altos niveles de sensibilidad y complejidad.
Así también, esta discusión debe traernos a la reflexión respecto de la esencia misma de los programas de asistencia social, especialmente, dada nuestra realidad de herencia de Estado paternalista que aflora con mayor énfasis ante la cercanía de la celebración de las elecciones, pues esta labor social, más que salvaguardar el interés público, pudiese emitir un mensaje de ejecución estratégica en orden a fines propagandistas del gobierno de turno para favorecer de manera indirecta a los candidatos de su partido.
Entendemos que, en el marco de la realización de los próximos comicios, resulta necesario el compromiso de todos los actores políticos para lograr un escenario equitativo que contribuya a la transparencia y objetividad del proceso electoral y que garantice el principio de igualdad de oportunidades en este proceso democrático.
