«La situación que se da es que ese asentamiento no se identificó bien y está prácticamente en tierras que son privadas», dijo Peralta en referencia a un decreto emitido por el difunto presidente Joaquín Balaguer en 1965, declarando de utilidad pública 2,000 tareas de tierra para hacer un asentamiento campesino.
Al ser cuestionado en el programa Matinal Hoy Mismo sobre por qué se había retirado de la comisión gubernamental que encabezaba junto a los directivos del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y el Consejo Estatal del Azúcar (Cea) para encontrar una solución a la problemática, reiteró la ilegalidad del asentamiento campesino.
«Lo que no debió de suceder quizás fue que se le diera la fuerza pública (al terrateniente) para retirar a estas personas», opinó Peralta, admitiendo que los peregrinos llevaban décadas establecidos en esa zona.
Agregó que al analizar la legalidad de los títulos, se dieron cuenta de que la ocupación de los terrenos actualmente supera las 16,000 tareas, que son propiedad privada.
«En vías de buscar una solución se le ofertaron tierras del CEA en otros lugares, pero ellos quieren esas, y esas tienen dueño», argumentó el alto funcionario.
Asimismo, explicó que se trata de un caso privado y que el Estado simplemente intervino preocupado por «la situación calamitosa» de cientos de productores pequeños involucrados.
Peralta explicó que ya se le habían ofrecido 8,000 tareas de tierra por un lado, 4,000 en otra parte, todas propiedad del CEA, encontrando el rechazo de los campesinos.
«No podemos ir a sacar a nadie de su tierra que la compró y que tiene los títulos; nosotros no podemos violentar la seguridad jurídica del país», continuó el ministro, alegando que la Comisión trató de escalar las reuniones a una segunda etapa, pero en el interín, sin haber pasado dos días de la primera reunión «salieron a decir» que el Gobierno estaba «incumpliendo».
A juicio de Peralta, los querellantes tienen otros intereses detrás de su protesta por el desalojo y se quieren escudar en la citada denuncia, y para él, involucrarse en el dilema no responde únicamente al deber de ayudar a estas personas, pero pudiera verse también como una estrategia política de su parte.
«Y yo no me iba a poner en riesgo de entrar en un dime y direte, nosotros asumimos con mucha responsabilidad y con mucha seriedad tratar de resolver este caso», dijo el ministro, quien al ver que a pesar de lo anterior los campesinos continuaron sus quejas, él optó por retirarse de la Comisión.
Los agricultores, que forman parte de la Asociación de productores Agropecuarios Mamá Tingó, exigen a la Presidencia de la República que les reconozca la titularidad de unas tierras en el municipio de San Francisco Vicentillo, de donde fueron desalojados el pasado año por un terrateniente.
