Santo Domingo, RD El movimiento cívico Participación Ciudadana emitió su segundo informe de observación electoral, en el que concluyó que los resultados de las primarias no han sido legítimos, por las violaciones a las leyes y al uso de recursos del Estado a favor del candidato presidencial peledeísta Gonzalo Castillo y la pasividad de la Junta Central Electoral para no aplicar su propia legislación..
“Estas violaciones y sobre todo el uso de los recursos del Estado a favor del precandidato oficialista permiten a Participación Ciudadana declarar que los resultados de estas elecciones primarias no han sido legítimos”, señala el informe.
Sostiene que la Junta Central Electoral (JCE) está en el deber de “establecer responsabilidades por las innumerables violaciones a las leyes y reglamentos, crear los mecanismos para que no vuelvan a suceder y llegar a un acuerdo con los candidatos y partidos para adecentar las prácticas y el discurso electoral. Es imprescindible recuperar la confianza en que toda violación será castigada con todos los mecanismos disponibles y sin distinción”.
Frenar gasto estatal Agrega que la JCE tiene ante sí el desafío de frenar el desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista, incluyendo el nombramiento como coordinadores a los más altos funcionarios públicos. “Si no hace esto no podrá garantizar unas elecciones ni siquiera mínimamente democráticas y equitativas”, señala.
Igualmente, sostiene que la JCE debe crear una campaña de educación ciudadana referida al comercio de votos, tanto dirigida a la clase política como a los ciudadanos y ciudadanas.
“Dados los cuestionamientos, fundamentados o no, que se han hecho al sistema de voto automatizado, primero la JCE debe buscar desde ya el consenso para su posible utilización el próximo año y, de ser aprobado, revertir la desconfianza creada con las auditorías necesarias, seleccionadas en un proceso totalmente transparente y con una empresa confiable para todas las partes”, planteó.
Campaña regulada Manifiesta que la JCE debe aplicar normas que prohíben las campañas a destiempo, pero para que esto sea efectivo y justo debe limitar la propaganda gubernamental que, disfrazada de imparcial, pregona que hay que seguir la oferta oficial para garantizar el progreso del país.
