Santo Domingo.- El juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, rechazó hoy un incidente presentado por los abogados de Conrado Pittaluga sobre la interceptación, mediante orden judicial, al número de teléfono de su hijo Conrad Pittaluga, quien es parte de los abogados de la defensa, en el marco del caso Odebrecht.
El juez Ortega Polanco rechazó el incidente por considerarlo improcedente, en virtud de que el proceso se encuentra en la etapa preliminar, cerrados los debates ordinarios y cursando la contra réplica del Ministerio Público., prevista para hoy.
A través de un comunicado, el Ministerio Público informó de que logró que el juez rechazara el recurso de oposición interpuesto por la defensa de Pittaluga «por no cumplir con el mandato de la ley y la jurisprudencia, calificando dicho recurso como una estrategia de distracción».
En la audiencia de este lunes, el Ministerio Público «fue enfático en señalar al tribunal que la interceptación solicitada al juez del número telefónico del hijo de Conrado Pittaluga Arzeno fue en calidad de hijo de un imputado de los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado del lavado de activos, mientras éste en su condición de hijo lo visitaba a la cárcel donde guardaba prisión preventiva por su vinculación a los sobornos que la empresa Odebrecht pagó en el país para obtener contratos de obras».
La información agregó que en una investigación sobre lavado de activos «el Ministerio Público está en la obligación de investigar los vínculos del imputado con cualquier persona, máxime si se trata de un hijo que lo visita frecuentemente en la cárcel».
Además de Pittaluga, por los sobornos de Odebrecht están imputados los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Asimismo, el senador Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en el país como sobornos para que le fueran concedidos contratos de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
El grupo es acusado de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que los imputados niegan.
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.EFE
