Santo Domingo.- El Ministerio Público del Distrito Nacional saludó hoy la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción que ratificó la prisión preventiva contra Manuel Rivas, exdirector general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), quien es acusado por ese organismo de incurrir en actos de corrupción.
A través de un comunicado de prensa, la institución destacó su compromiso con la lucha por la corrupción, asegurando que en este caso se llegará hasta las «últimas consecuencias» para lograr la sanción correspondiente a los graves delitos cometidos por el acusado.
Durante la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción, el Ministerio Público, el cual estuvo representado por los procuradores fiscales Wagner Cubilete, Cariskeyla Peña y María Silvestre, logró que la jueza Solange Alvarado acogiera su solicitud de mantener la prisión preventiva contra el acusado tras concluir que no hay presupuestos nuevos.
A la solicitud hecha por el órgano acusador también se adhirieron los querellantes, quienes estuvieron presentes en el conocimiento de la audiencia, en la cual se mantuvo la medida que Rivas cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El Ministerio Público recordó que el pasado 7 de marzo, depositó ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra nueve implicados, incluido Rivas, en crímenes de corrupción en la OMSA, así como por la muerte del abogado y catedrático Yuniol Ramírez.
En el caso específico de Rivas, el expediente establece que el acusado, durante su gestión como director de la OMSA, tuvo conductas que representan la casuística propia de los tipos penales de corrupción, en desmedro del patrimonio público y la entidad que dirigió, favoreciendo empresas de funcionarios en la institución, acometiendo procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios ilegales, atentando contra el comercio nacional.
Rivas es acusado de incurrir en crímenes de corrupción, soborno, fraude contra el Estado, corrupción en procesos de duplicidad de pagos, al igual que procesos de urgencia, violentando procesos de licitación, y asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco y estafa en perjuicio del Estado dominicano.EFE
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