Santo Domingo.- La Fundación Prensa y Derecho interpuso una acción de inconstitucionalidad contra las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Electoral que asignan penas de entre 3 y 10 años de prisión a los delitos difamación e injuria contra candidatos, agrupaciones y partidos políticos.
El recurso presentado Tribunal Constitucional cuestiona el numeral 18 del artículo 284 de la citada norma, que dispone que serán castigados «con penas de 3 a 10 años los que violaren las normas constitucionales, éticas y legales sobre uso de medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales».
El presidente de la entidad, Namphi Rodríguez, señaló este lunes mediante un comunicado que esas penas alcanzan no sólo a quienes atenten contra el honor de candidatos y partidos políticos, sino también a quienes «elaboren, financien o compartan campañas denigrantes» con piezas propagandísticas difamantes o injuriosas.
Según el abogado, «se trata de una desnaturalización de la tipificación penal de los delitos contra el honor de los particulares, que actualmente son sancionados con penas de 15 días a seis meses de prisión por la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento.»
«Es una ley draconiana que viola la Constitución, además de que desconoce la Convención Americana de Derechos Humanos y afecta el debate democrático de las ideas y la libertad de expresión», subrayó.
Según dijo, la nueva ley también viola el precedente del Tribunal Constitucional fijado en una sentencia que despenaliza los delitos de difamación e injuria cuando recaen sobre funcionarios púbicos.
Se trata de una «típica ley de desacato» que agrava los delitos contra el honor cuando afectan a funcionarios y candidatos, con lo que se busca inhibir el debate público y las denuncias de corrupción contra políticos.
Afirmó que esa ley y la de Partidos Políticos aniquilan la libertad de expresión en los períodos electorales en República Dominicana, donde reconoció a necesidad «vigilar» la calidad del debate político, pero censuró que se pretenda crear un clima «de inhibición e intimidación para que no se hagan denuncias de corrupción o se publiquen actos escandalosos».
Además, señaló que «la infracción no ha sido descrita de manera precisa por el legislador, por lo que se crea otro tipo penal abierto por remisión a otras normas, como acontece con la noción de mensajes negativos de la Ley de Partidos Políticos».
Censuró que mientras la tendencia actual de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es a despenalizar los delitos contra el honor, los legisladores dominicanos persisten en criminalizar esas infracciones.
El especialista en Derecho Constitucional opinó que la Ley de Régimen Electoral «es tan defectuosa que prolonga innecesariamente el período de prescripción de la difamación e injuria de dos meses hasta 10 años, según el artículo 45 del Código Procesal Penal».
Por último, hizo un llamado a los responsables de la Suprema Corte de Justicia a ser más cuidadosos en su función legislativa y a consultar a los expertos en las distintas materias para evitar leyes «mordazas» como la que se acaba de aprobar sobre régimen electoral.EFE
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