Santo Domingo.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) denunció hoy que se están efectuando «desalojos ilegales» en la región Este del país, «con la complicidad de los abogados del Estado y autoridades, para favorecer a terratenientes que se quieren adueñar de tierras del Estado».
Mediante un comunicado, la entidad se dirigió al presidente de la República, Danilo Medina, al procurador general, Jean Alain Rodríguez, y a la Defensoría del Pueblo, para manifestar su rechazo y condena por estos desalojos de ciudadanos y campesinos que habitan y trabajan esas tierras desde hace décadas.
La CNDH-RD puso como ejemplo la situación que se está produciendo en Boca de Yuma donde se han producido «desalojos autorizados por el abogado del Estado en contra de uno de los sectores más vulnerables y más humildes de esta demarcación».
Según la organización, esos desahucios están gestionados por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la provincia de la Altagracia, Pedro Rojas Morillo, que «en confabulación con un terrateniente se quiere adueñar de una porción de tierra ubicada en la parcela 92-HD/C 10 de este lugar».
Ese terreno está ocupado desde hace más de 20 años «por una gran cantidad de familias de escasos recursos» que suman unas 300 personas, y donde hay levantadas más de 100 viviendas.
«La CNDH-RD tiene una línea firme de condena y rechazo de los desalojos ilegales y del acaparamiento de tierras a favor de terratenientes, realizados con métodos y contratos ilegales», señaló el presidente de la organización, Manuel María Mercedes.
La organización señaló que no permitirá «que familias enteras, con niños y ancianos, sean desalojadas de tierras que habitan y cultivan desde décadas porque funcionarios del Estado, que en vez de proteger los bienes públicos y favorecer los ciudadanos, confabulan con terratenientes para robarle al Estado su patrimonio».
Asimismo, advirtió de que «todas la filiales de la CNDH-RD de la Región Este están movilizadas y en pie de lucha para garantizar el derecho a la vivienda y a la seguridad alimentaria de estos ciudadanos de Boca de Yuma y de otras áreas de la región, como Mata de Palma en El Seibo».
Los desalojos forzosos constituyen «graves violaciones de una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la libertad de circulación».
Así figura en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales, apuntaron desde la entidad.EFE
