Santo Domingo, (EFE).- Un tribunal dominicano aplazó hoy para el jueves la audiencia para conocer la medida de coerción al destituido director de la oficina estatal de autobuses, Manuel Rivas, detenido por la muerte de un profesor universitario que había denunciado corrupción en esa institución, un hecho que ha consternado el país.
Rivas y otros tres empleados de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) están implicados en el rapto y posterior asesinato del abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Yuniol Ramírez, de 45 años, quien dirigía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA).
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra Rivas, así como para el director financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz, y contra José Antonio Mercado Blanco (alias El Grande), también empleado de la OMSA.
Asimismo, pidió la imposición de un año de prisión preventiva contra el prófugo Argenis Contreras González, también empleado de la OMSA, contra quien se está procesando una orden de captura internacional ante la Organización de la Policía Internacional (Interpol), informó la Procuraduría General en un comunicado.
La vista prevista para hoy fue aplazada a solicitud de la defensa de los acusados y de la parte querellante para estudiar el expediente, ya que, según afirmaron a la prensa, lo recibieron poco antes de que iniciara la audiencia.
Los resultados preliminares de la investigación apuntan a que el móvil del crimen habría sido un soborno que el fallecido le exigiera a Rivas para desistir de un proceso judicial en su contra por supuestos actos de corrupción en la OMSA.
Los mismos datos indican que presuntamente Ramírez llegó a recibir en efectivo 1 millón de pesos (unos 21.000 dólares) de manos del empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla, a solicitud de Rivas.
No obstante, el hermano de la víctima, el también abogado Ramón Ramírez, aseguró de que no hay pruebas de que su hermano haya recibido el dinero que, en cambio, afirmó, fue entregado como pago para la ejecución de su asesinato.
Asimismo, criticó el hecho de que el Ministerio Público haya excluido de la acusación y de «una forma sospechosa» a Santana Zorrilla, quien, afirmó, «dio el dinero para que mataran a Yuniol para que no sacara las evidencias de la corrupción» en la OMSA.
De acuerdo con las investigaciones preliminares del crimen, Contreras González y Mercado Blanco habrían tomado la decisión de matar a Ramírez, para lo cual, el pasado miércoles 11 de octubre, en horas de la tarde, se presentaron en el campus principal de la UASD, donde el abogado impartía docencia.
Un vez allí, procedieron a raptarlo, encontrando las autoridades el cadáver al día siguiente en un arroyo de Santo Domingo Oeste con dos bloques de construcción atados al cuello con una cadena y una herida de bala en la cabeza.
Preguntado hoy por los periodistas durante su traslado a la audiencia sobre su supuesta vinculación a este crimen, Rivas, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santo Domingo Oeste, dijo que «ni de pensamiento, ni de acción, ni de mandato ni de nada» ordenó matar a Ramírez.
El presidente dominicano, Danilo Medina, destituyó ayer a Rivas, pero hasta el momento no se ha pronunciado sobre este caso, mientras que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que cada funcionario es responsable de sus hechos y que la persona «que hace la cosa mal hecha tiene que pagar».EFE
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