Santo Domingo,(EFE).- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Alfredo Pacheco afirmó hoy que no existen razones jurídicas para su imputación y aplicación de medidas de coerción en relación con los sobornos que la empresa Odebrecht pagó en la República Dominicana.
Así se lo manifestó a la prensa durante un receso en la audiencia que se celebra hoy en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para conocer los recursos de apelación presentados por 10 de los 14 imputados en el caso, entre ellos Pacheco.
El pasado 7 de junio, el juez Francisco Ortega Polanco impuso impedimento de salida y una fianza de 5 millones de pesos contra el diputado, que goza de inmunidad parlamentaria.
«Estoy muy seguro de este proceso. Las razones por las que estoy aquí no son razones totalmente jurídicas, porque la mención que supuestamente se hace de nosotros» en los documentos facilitados a la Procuraduría y en los que se basa la medida «se hace en tercera, cuarta y quinta persona, y sobre supuestos».
Además, el documento «está mal traducido, por una traductora que no está autorizada para traducir legalmente. Nosotros vamos a demostrar que las menciones que se hacen ahí no tienen méritos como para que hubiera un sometimiento», afirmó el legislador.
Por el caso también están imputados los senadores Julio Cesar Valentín y Tommy Galán, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a quienes le fueron impuestas las mismas medidas que a Pacheco.
En prisión se encuentran el ahora exministro de Industria y Comercio y alto dirigente del PLD Temístocles Montás, y el presidente del PRM y extitular del Senado Andrés Bautista.
También está encarcelado el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que distribuyó los sobornos, así como el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, también alto dirigente del PLD, y el exdiputado Ruddy González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Igualmente, el abogado Conrado Pitaluga, así como el exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) César Sánchez y el exfucionario de esa dependencia Máximo De Óleo.
Mientras tanto, el extitular de la Cdeee Radhamés Segura, miembro del influyente comité político del PLD, y el exsenador y exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez, del PRM, guardan arresto domiciliario.
Otro de los encausados por este caso es el ingeniero Bernardo Castellanos, quien está fuera del país y ha informado que regresará para enfrentar las acusaciones, aunque esto no se ha producido hasta este momento.
De todos ellos, solo Valentín, Galán y Rodríguez no apelaron la decisión del juez Ortega Polanco.
La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones en sobornos en República Dominicana entre 2001 y 2014, periodo que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del PRM, así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del PLD. EFE
