Santo Domingo, (EFE).- La Procuraduría de la República Dominicana afirmó hoy que continúa avanzando la investigación abierta por el supuesto soborno y presuntas irregularidades en la compra del país a Brasil de ocho aviones Super Tucano.
Brasil y República Dominicana investigan desde hace tres años los pormenores y detalles de la compra en 2008, por parte del Estado dominicano, de los ocho aviones a la empresa brasileña Embraer, y en la que, presuntamente, se produjeron sobornos por valor de 3,5 millones de dólares.
El dinero habría ingresado al país a través de varias empresas, de acuerdo con el ministerio público.
La Procuraduría recordó hoy que cuatro personas han sido imputadas por este caso, entre ellas, el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio.
Durante el proceso de investigación el ministerio público ha recibido la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos y Brasil, «lo que ha permitido fortalecer y ampliar las indagatorias», destacó la Procuraduría en un comunicado.
Aseguró, además, que han realizado «un significativo» número de allanamientos a nivel nacional, durante los cuales se han obtenido «importantes hallazgos para sustentar el expediente» acusatorio.
«Procuramos con esas diligencias obtener los mejores resultados, mediante pruebas fehacientes que nos permitan demostrar los hechos imputados y que haya sanción», subrayó la Procuraduría.
En dichas irregularidades son señalados el exministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández y el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, supuesto intermediario de la transacción y el único que guarda prisión.
El alto militar y los dos empresarios tienen impedimento de salida, según lo dispuso un juez el pasado 18 de agosto.
En su comunicado emitido hoy, jueves, la Procuraduría aseguró contar «con pruebas contundentes para demostrar el involucramiento de los encartados con los hechos que se les imputan».
Por último, la Procuraduría afirmó que trabaja «para que se castiguen los hechos de corrupción y toda acción que perjudique el bienestar y el desarrollo del país». EFE
