Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República dio a conocer los avances alcanzados en la reunión de fiscales de América Latina celebrada en Brasil para lo concerniente al caso Odebrecht.
En ese sentido, el procurador Jean Rodríguez destacó el logro del privilegio de prontitud tras las negociaciones en Brasil para la entrega de documentos, al tiempo que recordó que por los acuerdos firmados por Brasil con Odebrecht que les impiden entrega de información previo a junio, se hizo necesario desarrollar una estrategia para que la República Dominicana pudiera obtener previamente informaciones de relevancia, sin que ello implicara una violación a lo dispuesto por las normas de cada país.
RD fue el primer país con acuerdo firmado que ordena entrega de información, una ventaja a la hora de lograr el privilegio de prontitud
El acuerdo suscrito entre Odebrecht y el Ministerio Público de Brasil prohíbe que ambos compartan informaciones antes del mes de junio con terceros como la República Dominicana, pero el procurador explicó que «nuestro país fue el primero de toda la región que logró concretar la firma definitiva de un acuerdo sancionatorio y de entrega de información con Odebrecht, seguido solo por el reducido número de dos países (Perú y Colombia), que además lograron acuerdos con posterioridad a nosotros y, por tanto, se encuentran en una fase menos avanzada de la ruta hacia los documentos».
Esto situó a República Dominicana en una posición de ventaja a la hora de negociar exitosamente el privilegio de prontitud.
En ese sentido, hasta la fecha, la gran mayoría de los países de la región no tienen otra alternativa más que esperar a que Brasil unilateralmente les entregue documentos en verano. Aunque algunas hermanas naciones tienen uno que otro aspecto acordado de manera preliminar, la mayoría no ha firmado nada aún.
Sin embargo, el procurador aclaró que «En el caso de República Dominicana, como tenemos un acuerdo firmado con Odebrecht, desde que el juez emita su decisión sobre homologación, que ya está pautada para la semana que viene, tienen que entregarnos toda la información antes de que pasen 60 días.»
Según estas declaraciones del procurador general de la república, se estimaría que la totalidad de las informaciones deberán estar en manos de las autoridades dominicanas con más de un mes de antelación a la fecha de junio dispuesta por Brasil para el resto de los países.
Rodríguez también destacó que la Procuraduría está interesada en todo lo que hay en el expediente, «pero sobre todo en los nombres de las personas que recibieron los sobornos.» Por eso -señaló- «no estamos sentados pacientemente esperando que nos llegue la información; estamos también y paralelamente ejecutando averiguaciones profundas.»
«Tal y como le dije a representantes de la empresa en la acalorada pero fructífera conversación bilateral cuya ocurrencia se filtró a algunos medios extranjeros: el acuerdo dominicano exige que se nos entregue la información en un plazo máximo de 60 días tras la homologación que exige la Ley. Si no, no hay acuerdo. No vamos a exigir que se nos entregue antes de ese plazo y la homologación porque eso sería violar la ley, pero no aceptaremos ni un día de retraso en el cumplimiento. República Dominicana lidera en términos de estrategia inteligente de litigio precisamente porque nos ocupamos de asegurar los aspectos que nos darían ventaja cualitativa y oportuna en la investigación.»
Hacerlo bien y no «corriendo», para que ningún tribunal pueda «tumbarnos» la acusación y evitarle cárcel a un corrupto
Sobre el proceso de obtención de pruebas, el titular dominicano señaló que «todos apostamos a ver a los corruptos involucrados tras las rejas cuanto antes. En ese sentido, que se les condene a que permanezcan ahí, no solo a una prisión que sea preventiva y efímera, es igual o más importante como que por fin entren por la puerta de la cárcel. Tienen que entrar y quedarse ahí durante toda una condena. Por eso, es clave que los pasos se den bien, que no pisemos en falso, que la prueba y la lista de nombres sean producto de un proceso legal, para que ningún tribunal pueda anularla y tumbarnos la acusación.»
