Santo Domingo,(EFE).- La decisión del presidente dominicano, Danilo Medina, de vetar el nuevo Código Penal debido a la penalización del aborto en todos los supuestos, provocó hoy reacciones a favor y en contra.
La Cámara del Senado, controlada por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aprobó la semana pasada las modificaciones al Código Penal que dispone penas de hasta tres años a las personas que incurran en el aborto, para quienes lo causen, incluyendo al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional.
En 2014 se aprobó un texto similar pero Medina observó la pieza con el propósito de que se estableciera en qué situaciones se podía permitir.
Medina volvió a hacer lo propio ayer y sugirió al Congreso Nacional que se aboque a reconsiderar el tema del aborto y apruebe que este se produzca en determinadas circunstancias.
Esas variables enunciadas por el mandatario se refieren a que la madre pueda abortar cuando el embarazo sea producto de violación, rapto, estupro o incesto, que su interrupción se realice dentro de las primeras 12 semanas de gestación, y siempre y cuando el hecho haya sido denunciado o se compruebe que la víctima fue imposibilitada de hacerlo.
También, cuando una malformación congénita del feto, previa certificación médica, demuestre que la vida del concebido se considere inviable; además, cuando se agoten todos los medios «científicos y técnicos» disponibles para salvar ambas vidas, «hasta donde sea posible».
La vicepresidenta dominicana, Margarita Cedeño, señaló en un artículo publicado hoy en el periódico Listín Diario, que «es evidente» que el tema del aborto «merece ser llevado a la mesa del debate, donde todos los sectores nacionales puedan ser escuchados, de manera tal que la decisión final sea el resultado del análisis profundo de la realidad social que vive el país».
En ese sentido, dijo que si el debate continúa, el Poder Ejecutivo «debe considerar someter tan importante decisión a la voluntad popular» tal y como lo establece el artículo 210 de la Constitución que contempla las consultas populares.
Por su lado, Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud, destacó la decisión del presidente Medina de vetar el código penal, «atendiendo a la salud, la dignidad, los derechos y la integridad de las mujeres».
«Obligar a una mujer a llevar a término un embarazo forzado producto del crimen de violación es cruel, inhumano y de desprecio a las mujeres», añadió.
Sin embargo, representantes de las iglesias reprocharon la iniciativa del gobernante e, incluso, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Fidel Lorenzo, llamó «abortista» a Medina.
«Creo que, sin dudas, tenemos un presidente abortista en Palacio, este insiste en que se viole la Constitución», escribió Lorenzo en Twitter. EFE
