Puerto Príncipe, (EFE).- Haití, el país más pobre de América, celebrará elecciones generales el 20 de noviembre en medio de una creciente situación de inseguridad, un flagelo que azota a esta nación desde hace décadas, pese a la presencia desde hace 12 años de la Misión de la ONU para la Estabilización (Minustah).
Los comicios del próximo domingo han estado antecedidos de decenas de asesinatos, uno de ellos, el de la monja española Isabel Solá Matas, de 51 años, quien el pasado 2 de septiembre recibió al menos dos disparos efectuados por unos desconocidos mientras conducía su vehículo por la capital, Puerto Príncipe.
La muerte de la religiosa fue lamentada por el propio papa Francisco, quien hizo un llamamiento para que en Haití, «tan golpeado, cesen estos actos de violencia y haya más seguridad para todos».
Dos meses antes, desconocidos mataron al escritor y editor Wilhems Edouard, otra muerte violenta que conmocionó a Haití.
Edouard, de 51 años de edad, fue abatido cuando regresaba de una sucursal bancaria en Petionville (oeste de la capital).
Estos y otros asesinatos aún no han sido esclarecidos, mientras la población observa cómo el problema de la inseguridad se queda relegado a los discursos o programas de Gobierno de los candidatos.
De acuerdo con la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh), en Haití se cometieron 1.324 asesinatos entre enero de 2015 y junio 2016.
Informes de este organismo señalan que la inseguridad continúa empeorando, con un promedio de 70 muertos al mes.
Ante cualquier eventualidad y como medida preventiva con vistas a los comicios del próximo domingo, la Policía Nacional y el Consejo Electoral Provisional (CEP), con el apoyo de la ONU, han preparado un plan de seguridad, que involucra a unos 600 agentes de seguridad electoral y 2.000 cascos azules de la Minustah.
Y es que Haití sigue dependiendo de los cascos azules para la seguridad, más de diez años después de la llegada de la Minustah, establecida en junio de 2004 con efectivos de más de 20 países, tres meses después del golpe de Estado en contra de Jean-Bertrand Aristide, quien se refugió entonces en Sudáfrica.
Haití, con más de 10 millones de habitantes, cuenta con una Policía Nacional integrada por unos 20.000 agentes, por lo que depende en gran medida de los cascos azules, cuyo número ha ido disminuyendo cada año.
Muchos países de la misión han anunciado que sus soldados van a dejar este país el próximo año, lo que puede complicar la situación de inseguridad en territorio haitiano.
El Consejo de Seguridad de la ONU extendió el año pasado hasta el 15 de octubre de 2016 el mandato de la fuerza de cascos azules.
Consciente de la realidad que vive esta empobrecida nación, el presidente interino de Haití, Jocelerme Privert, se reunió recientemente con la dirección de la Policía Nacional y la Minustah para crear las condiciones necesarias para los comicios, cruciales para la frágil institucional del país.
«Para nosotros la seguridad es muy importante y la Policía tiene los elementos necesarios para garantizar la seguridad de las elecciones con el apoyo de la misión de la ONU», dijo Privert.
Privert, quien asumió el cargo en febrero tras vencerse el mandato del entonces presidente, Michel Martelly, sin que se haya elegido a su sucesor, dijo que el país tiene la «enorme responsabilidad» de garantizar «que cada persona puede salir a votar sin miedo y que todo el proceso termine bien».
«Llamamos a todos y a todas a respetar los principios democráticos y la ley electoral para evitar problemas en el proceso», subrayó.
A la inseguridad se ha sumado la violencia electoral, por lo que el órgano electoral advirtió a los candidatos de las consecuencias si incurren en estos delitos.
«A los partidos políticos y candidatos queremos recordarles que pueden ser expulsados del proceso si participa en actos de violencia. La ley electoral es muy clara sobre la violencia y la seguridad», señaló el CEP en un comunicado.
Los candidatos «tienen que respetar la ley electoral para garantizar el desarrollo del proceso (…) vamos a tomar medidas duras contra cualquier persona que no respeta las órdenes de seguridad que establece la ley electoral», apuntó.
El CEP y la Policía Nacional están formando a miles de jóvenes para ayudar a mantener la seguridad en los centros de votaciones durante el proceso electoral. EFE
